El New York Times publicó este 28 de diciembre de 2025 un extenso reportaje firmado por la periodista Genevieve Glatsky desde Bogotá, que analiza el rol de Colombia como el mayor productor mundial de cocaína durante casi cinco décadas, junto con los desafíos que enfrenta la política antidrogas impulsada por el presidente Gustavo Petro. El artículo reconstruye los factores geográficos, históricos y políticos que han convertido al país en epicentro del narcotráfico, destacando las tensiones diplomáticas con Estados Unidos, derivadas de ataques a embarcaciones vinculadas a Venezuela y al Cartel de los Soles, la descertificación de Colombia por parte de Washington y las acusaciones mutuas entre Petro y el expresidente Donald Trump, quien lo tildó de “líder ilegal del narcotráfico”.
Colombia ha registrado cifras récord tanto en incautaciones como en producción de cocaína, favorecida por su densa selva, montañas escarpadas, fronteras porosas y un prolongado conflicto interno. Estrategias pasadas como el Plan Colombia, las extradiciones masivas, la fumigación aérea y la erradicación forzada no han producido resultados duraderos, según el reportaje, que señala cómo, tras el acuerdo de paz de 2016 con las Farc, la desmovilización del grupo guerrillero dejó un vacío que grupos criminales más pequeños ocuparon rápidamente en sus antiguos territorios, donde la coca siguió siendo la única fuente fiable de ingresos para muchos campesinos.
Contradicciones en la política de Petro
La administración de Petro ha promovido un enfoque centrado en el desarrollo rural, priorizando la detención y procesamiento de los líderes de las organizaciones de traficantes en lugar de los campesinos pobres, como lo expresó el propio mandatario. Sin embargo, su política de Paz Total suspendió operaciones militares contra los cultivos, lo que permitió una expansión en regiones como Cauca, Nariño, Putumayo y Norte de Santander. Recientemente, el gobierno ha anunciado el regreso de la fumigación con drones utilizando glifosato. El plan a diez años incluye la sustitución voluntaria de cultivos, la regulación del cannabis, usos legales de la hoja de coca y la reducción de daños, mientras Colombia busca una revisión de la clasificación de la hoja de coca en los tratados de la ONU.
“enfocarse en el desarrollo rural y dar prioridad a la detención y procesamiento de los dirigentes de las organizaciones de traficantes en lugar de a los campesinos pobres”
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Expertos consultados en el reportaje destacan las contradicciones de estas iniciativas. “No hay pruebas de que dirija o esté vinculado a ninguna organización criminal”, afirma el New York Times sobre Petro, aunque reconoce que “ninguna ha producido resultados duraderos”. Diego García-Devis, responsable del programa de política de drogas en Open Society Foundations, describe la estrategia como “bien intencionada, bien expresada públicamente, pero muy mal aplicada”. Sergio Guzmán, analista político, resume la encrucijada: “Colombia se encuentra en una posición imposible en la que tenemos que seguir librando una guerra que, para empezar, no es nuestra. Una guerra que nunca ganaremos porque, sencillamente, la economía no está ahí”. Por su parte, Geoff Ramsey del Atlantic Council enfatiza: “No se trata de un problema político, sino económico”.
“grupos criminales más pequeños se trasladaron a antiguos territorios de las Farc”
The New York Times
Este análisis llega en un momento de crecientes fricciones con Estados Unidos, exacerbadas por las operaciones colombianas contra el narcotráfico venezolano y las declaraciones cruzadas, lo que pone en jaque la cooperación bilateral y obliga a Colombia a navegar entre presiones externas y realidades internas arraigadas en décadas de conflicto y dependencia económica de la hoja de coca.
