Geovany Andrés Rojas, alias Araña, se declaró no culpable de los cargos de narcotráfico y narcoterrorismo en su primera audiencia formal ante un tribunal federal del Distrito Sur de California. La diligencia, celebrada el martes 29 de septiembre de 2026, contó con la presencia del juez Steve B. Chu, y el acusado compareció asistido por su abogado Eduardo X. Pereira.
La extradición de Rojas fue ordenada por el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien reanudó los envíos de solicitados hacia la justicia estadounidense. El Ejecutivo colombiano ha señalado que la administración de Gustavo Petro fue permisiva con alias Araña y que su entrega a Estados Unidos representa un giro en la política de seguridad del país.
Los cargos contra alias Araña
La Fiscalía estadounidense acusa al extraditado de conspirar para distribuir cocaína desde Colombia y Ecuador hacia Estados Unidos y de narcoterrorismo, por financiar a actores vinculados con actividades terroristas. Según la acusación, Rojas era el líder y portavoz de los Comandos de la Frontera, una estructura que tendría cerca de 1.000 integrantes y presencia en el suroeste de Colombia. El grupo, que hace parte de la Segunda Marquetalia, una disidencia de las Farc declarada como organización terrorista por el Departamento de Estado en diciembre de 2021, habría recurrido a las armas y la violencia para controlar el territorio en zonas rurales de Putumayo.
«Analizaremos y controvertiremos la evidencia»
Eduardo X. Pereira, abogado de alias Araña
La postura del Gobierno
Sobre el extraditado, el presidente De la Espriella fue contundente:
«Era un criminal»
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia
En la misma línea, el mandatario justificó la extradición al advertir que los integrantes de la organización «han seguido delinquiendo», en alusión a la persistencia de sus actividades ilegales en la región.
Con la declaración de no culpabilidad, la defensa de alias Araña se prepara para la siguiente etapa del proceso, en la que podrá examinar las pruebas de la Fiscalía y estructurar su estrategia. El caso queda encaminado hacia un eventual juicio en California, mientras el Gobierno colombiano insiste en que la extradición de este cabecilla envía una señal contundente contra las organizaciones que desafían la presencia estatal en la frontera.
