Una decisión migratoria truncó el sueño deportivo de una joven gimnasta colombiana. La hija menor de edad del senador Julián Gallo, del partido Comunes, y de la defensora de derechos humanos Erika Leaneth Valencia Quintero, fue retenida junto a su madre en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, y no pudo ingresar al país para competir en la Copa Panamericana de Clubes de Gimnasia USAG 2026, donde representaría a Colombia. El hecho ocurrió el 15 de julio de 2026 y fue denunciado públicamente por el senador Gallo al día siguiente a través de su cuenta en la red social X.
Según el relato de la familia, las autoridades migratorias panameñas apartaron a madre e hija del resto de pasajeros, las retuvieron sin una explicación legal clara y finalmente les negaron el ingreso argumentando que la madre figuraba en una «circular ante el consejo de seguridad nacional panameño» que la catalogaba como un «riesgo». Esta medida, según denunciaron, impidió automáticamente la entrada de la menor, quien viajaba con todos sus documentos en regla: pasaporte vigente, visa y credenciales deportivas. La menor había clasificado a la justa internacional tras años de entrenamiento, sacrificios y disciplina.
Estigmatización y discriminación política
Erika Valencia Quintero, firmante del Acuerdo Final de Paz de 2016, interpretó el hecho como un acto de estigmatización y discriminación política por su condición de excombatiente reincorporada. En un comunicado difundido por su esposo, la defensora señaló: «Mi único delito, señores, es haber firmado un papel para terminar con más de 50 años de guerra y haberle apostado a la construcción de un país en paz». Agregó que su hija, quien llora desconsolada en la sala de retención, «es el fruto de ese esfuerzo. Ella no ha heredado rencores; ha heredado disciplina. Durante años se ha levantado antes del amanecer para entrenar, ha sacrificado su infancia en aras de la excelencia deportiva, y había logrado clasificar a una justa internacional para demostrar que desde el posconflicto también surgen campeonas».
«Hoy, una decisión migratoria le impidió participar y frustró el sueño por el que se preparó durante años. Solicitamos al Gobierno colombiano el acompañamiento consular y diplomático necesario para proteger sus derechos y esclarecer lo ocurrido».
Julián Gallo, senador del partido Comunes
La madre también responsabilizó tanto al Gobierno de Panamá como al Estado colombiano por la falta de acompañamiento diplomático y consular en el momento de la retención. En su denuncia, exigió la liberación inmediata de ambas, la posibilidad de que su hija pueda ingresar al país aunque sea en los días restantes de la competencia, o en su defecto un salvoconducto humanitario para regresar a Colombia. Además, solicitó una investigación disciplinaria contra los funcionarios panameños que tomaron la decisión, una reparación integral para su hija y que el Gobierno colombiano expida un salvoconducto que certifique su plena vigencia de derechos como persona reincorporada.
Sin orden judicial ni extradición
Uno de los puntos más graves señalados por la defensora es que no existe orden judicial, solicitud de extradición ni requerimiento formal de autoridades colombianas en su contra. La «circular» de seguridad nacional panameña que la señala como «riesgo» es, según su versión, una marcación de por vida que solo podría ser levantada mediante un acuerdo directo entre presidentes, según la respuesta oficial que recibieron de las autoridades del país vecino. Esto, a juicio de Valencia, evidencia un trato discriminatorio y una persecución política contra los firmantes de paz.
Julián Gallo, quien fue cabecilla de las extintas Farc con el alias de «Tornillo» y hoy es senador del partido Comunes, el heredero político de la desmovilización, hizo un llamado urgente al Gobierno colombiano para que intervenga. En su publicación en redes sociales, adjuntó el comunicado completo de su esposa y pidió que se garantice la protección de los derechos de la menor y se esclarezca lo ocurrido.
«Mi hija entrenó al lado de sus hijas, sudó la misma camiseta y soñó con el mismo podio. No dejemos que la política destruya el espíritu del deporte».
Erika Leaneth Valencia Quintero, defensora de derechos humanos y firmante de paz
El comunicado de Erika Valencia también se dirige a la Federación Internacional de Gimnasia, a los entrenadores, jueces y padres de familia que participan en la Copa Panamericana de Clubes, para que no permitan que «el odio apague el talento». La madre, quien se encontraba en la sala de retención mientras redactaba su denuncia, insistió en que el caso demuestra cómo la implementación del Acuerdo de Paz sigue enfrentando obstáculos y cómo los hijos de los firmantes, la generación del posconflicto, terminan pagando las consecuencias de la estigmatización política.
