En un operativo conjunto desarrollado durante la mañana del 11 de julio, el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Fiscalía General de la Nación ejecutaron un bombardeo aéreo en la zona rural de Amalfi, en el Nordeste de Antioquia. La acción militar estuvo dirigida contra la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo, también conocida como Roberto Vargas Gutiérrez, con el objetivo de neutralizar las capacidades criminales de este grupo armado ilegal que opera con fuerte presencia en los departamentos de Antioquia y Chocó, vinculado a actividades como la minería ilegal.
Este bombardeo representa el noveno ataque aéreo contra el Clan del Golfo durante el Gobierno de Gustavo Petro, y se enmarca en una estrategia de seguridad que ha concentrado sus golpes en Antioquia, donde se han registrado ocho de los veinticuatro bombardeos totales ejecutados en el periodo. Según informó el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, en lo que va del Gobierno se han neutralizado 16.371 integrantes de grupos armados ilegales, de los cuales el 93% corresponde a capturas y el 7% restante a muertes en desarrollo de operaciones militares. El Clan del Golfo, considerado el grupo más impactado por estas acciones, representa el 51% del total de neutralizados.
Cifras y balance de la ofensiva
El ministro Sánchez detalló que, paralelamente a los veinticuatro ataques aéreos, las fuerzas militares han desarrollado 1.650 combates, lo que significa que cada veinte horas se registra un enfrentamiento en el territorio nacional. Un dato relevante es que, según el funcionario, ninguno de los bombardeos ha generado daños colaterales sobre la población civil, un indicador que el Gobierno destaca como parte de su compromiso con la protección de los ciudadanos. Aunque medios locales reportaron que dos presuntos integrantes del grupo armado habrían sido abatidos en la operación de Amalfi, hasta el momento no hay confirmación oficial sobre bajas en el hecho.
«En este periodo de gobierno se han neutralizado 16.371 integrantes, de los cuales el 93% corresponde a capturas y el 7% corresponde a la muerte en desarrollo de una operación militar»
Pedro Arnulfo Sánchez, ministro de Defensa
El ministro también se refirió a otros grupos armados que han sido afectados por la ofensiva, como las disidencias de alias Mordisco y alias Calarcá, el ELN y el GAO residual. En el caso del ELN, Sánchez recordó que esa organización es responsable del desplazamiento de más de 30.000 personas y del confinamiento de otras 60.000 en la región del Catatumbo, una crisis humanitaria que persiste en el país.
Investigación por presuntos acuerdos ilegales
En paralelo al balance de la operación, el ministro Sánchez confirmó que el equipo jurídico del Ministerio de Defensa evalúa presentar denuncias penales ante la difusión de audios que sugieren acuerdos previos entre el Gobierno y el Clan del Golfo, antes de la instalación de la mesa de diálogos prevista para septiembre de 2025. Los audios, divulgados por medios nacionales, apuntarían a supuestos pactos entre altos funcionarios y miembros del grupo autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia.
«De ser cierto, eso es un concierto para delinquir. Estarían conspirando contra la nación, conspirando contra la seguridad de los colombianos y por ende también contra el mismo Ministerio de Defensa»
Pedro Arnulfo Sánchez, ministro de Defensa
El ministro fue enfático al señalar que, de confirmarse la veracidad de las grabaciones, se estaría frente a un hecho grave que atenta contra la institucionalidad y la seguridad del país. La Fiscalía ya habría iniciado una investigación de oficio para esclarecer los hechos, mientras el Gobierno insiste en que su política de seguridad mantiene el rumbo de combate frontal contra las estructuras criminales, con énfasis en la protección de la población civil y en la reducción de los indicadores de violencia en regiones históricamente golpeadas por el conflicto.
