El Gobierno nacional, a través del director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Julián Buitrago, reveló este miércoles 4 de noviembre el cronograma de entrega de cuatro nuevas cárceles que se construyen en el país, durante una audiencia pública de seguimiento convocada por la Corte Constitucional en sus instalaciones en Bogotá. Los establecimientos penitenciarios estarían listos entre diciembre de 2026 y 2028, según la información presentada por el funcionario ante la Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional penitenciario y carcelario.
El proyecto con mayor avance es la cárcel de Riohacha, en La Guajira, que será entregada en diciembre de 2026. Le sigue la de Sabana del San Ángel, en el Magdalena, con un 87 % de ejecución y fecha de entrega para agosto de 2027. En Pereira, el avance ronda el 65 % y se espera que esté lista en abril de 2027. La última de las cuatro obras es la de Barrancabermeja, Santander, con un 41 % de progreso y cuyo término está proyectado para 2028.
Hacinamiento y retrasos en la infraestructura
Buitrago explicó que, durante el seguimiento al convenio de construcción, se identificó que la ejecución paralela de los procesos constructivos pudo haber incidido en que ninguna de las cuatro cárceles haya sido entregada a su finalidad. Esta observación fue socializada al interior del Gobierno en esta nueva etapa de la administración. La audiencia, convocada el 19 de octubre de 2026, busca examinar el estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y la situación de los centros de detención transitoria, que presentan cifras críticas de hacinamiento.
Según el corte de agosto de 2026, el país contaba con 1.144 centros de detención transitoria, entre salas de estaciones y subestaciones de Policía y unidades de reacción inmediata (URI). Estas instalaciones tienen una capacidad para 9.686 personas, pero albergaban a 18.824, lo que representa una sobreocupación de 9.138 reclusos y un hacinamiento del 94,34 %. Además, 17.292 personas llevaban más de 36 horas en espacios de corta duración, lo que agrava la crisis humanitaria.
«Desde el Departamento Nacional de Planeación, señalando la ejecución de este convenio, vemos que posiblemente se iniciaron los procesos paralelos en la construcción de estos y esto no ha permitido que se entregue ninguno a su finalidad. Esa puede ser una de las causas en materia de seguimiento que hemos visto nosotros y que hemos socializado al interior del Gobierno en esta nueva etapa del Gobierno».
Julián Buitrago, director del Departamento Nacional de Planeación
La Corte Constitucional busca, a través de esta audiencia, identificar los obstáculos para superar la crisis estructural del sistema, contrastar propuestas y establecer responsabilidades. Los tres ejes de discusión son la financiación y sostenibilidad fiscal; el hacinamiento, la infraestructura y los traslados; y la evaluación y fortalecimiento de los mecanismos de seguimiento. La Sala Especial pretende articular medidas entre el Gobierno nacional, las autoridades territoriales, los organismos de control, la sociedad civil y expertos para encontrar soluciones a la emergencia carcelaria que enfrenta el país.
