Comisión de la Cámara inicia indagación preliminar sobre el proceso de pasaportes
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes activó una revisión inicial para evaluar posibles irregularidades en el mecanismo de contratación del nuevo sistema de expedición de pasaportes, cuyo inicio operativo está previsto para abril de 2026.
La medida surge después de una denuncia presentada por Abelardo de la Espriella, precandidato a la Presidencia y figura opositora al presidente, quien sostiene que podrían haberse cometido abusos de función pública vinculados a decisiones del mandatario y del ex jefe de Despacho, Alfredo Saade, en la licitación de estos documentos.
«La adjudicación directa a la Imprenta National constituyó un atropello institucional»,
– Abelardo de la Espriella
La fiscalización aclaró que, por ahora, se trata de una etapa preliminar y no de una acusación formal contra el presidente. En paralelo, se solicitarán informes a las autoridades pertinentes para esclarecer posibles vínculos contractuales con Portugal y la participación de la Imprenta Nacional en ese marco.
- Solicitar a la fiscalía un estado actualizado del proceso penal contra Alfredo Saade en relación con el convenio entre la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal.
- Exigir a la Cancillería y a la Imprenta Nacional la certificación de si existe un contrato vigente con Portugal.
- Indagar si existió alguna directriz formal que involucrara a Saade en decisiones sobre el contrato de pasaportes durante su periodo como jefe de Despacho.
Contexto adicional: En agosto pasado, el gobierno publicó el acuerdo con Portugal que señala etapas para la impresión de pasaportes, con un plan de transición progresiva.
- Hasta el 31 de marzo de 2026, la impresión continuará a cargo de Thomas Greg & Sons.
- A partir del 1 de abril de 2026, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal asumirán la producción, con transferencias de conocimiento para 2036, cuando la imprenta colombiana gestionaría íntegramente la expedición.
Este informe no implica culpabilidad ni sanciones inmediatas; su objetivo es aclarar hechos y facilitar la evolución operativa de la emisión de pasaportes.
