El jefe de comunicaciones de la Presidencia de Colombia, Andrés Hernández Ramírez, enfrenta cuatro nuevas denuncias por presunto robo, estafa e incumplimiento de pagos, las cuales habrían ocurrido durante su gestión como cónsul de Colombia en Ciudad de México. La investigación, publicada recientemente por el diario El País, recopila testimonios, documentos, conversaciones de WhatsApp y un pagaré que señalan a Hernández por adquirir compromisos económicos que posteriormente no habría cumplido, dejando a varios denunciantes sin recibir el pago correspondiente por bienes, servicios o dinero entregado.
Según la publicación, los cuatro casos presentan un patrón similar: los denunciantes aseguran que Hernández, mientras se desempeñaba como cónsul, contrajo deudas o acordó transacciones que jamás honró. Las denuncias se tramitan tanto en México como en Colombia, y se suman a otra revelación del mismo medio en 2024, cuando ya había sido señalado por una deuda económica. En aquella ocasión, Hernández no ofreció declaraciones de fondo; inicialmente aceptó responder por escrito, pero luego se negó y remitió el caso a su abogado.
Un historial judicial y administrativo en contra
El nombre de Andrés Hernández ya había generado controversia antes de estas nuevas acusaciones. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló su nombramiento como cónsul en México por no cumplir con los requisitos legales para ocupar el cargo. Pese a ello, el funcionario fue vinculado posteriormente al Gobierno Nacional como asesor de prensa, gestor de comunidades y medios digitales, hasta llegar a ser designado jefe de comunicaciones del presidente Gustavo Petro. En su rol actual, coordina la estrategia comunicativa del Ejecutivo y la agenda mediática del mandatario.
El medio buscó la versión de Hernández antes de publicar la investigación, pero el funcionario no emitió declaraciones sustanciales. Inicialmente manifestó que respondería por escrito, pero luego cambió de postura y señaló que el caso sería atendido exclusivamente por su representante legal. Las denuncias, que involucran montos no especificados, ponen de nuevo en el centro del debate público la idoneidad de quienes ocupan cargos de alta responsabilidad en la comunicación del Estado colombiano.
