En un intenso inicio de la actividad judicial tras las vacaciones de fin de año, nueve demandas de nulidad y seis acciones de tutela han sido presentadas contra el Decreto 1469 de 2025, expedido el 29 de diciembre por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, que establece el salario mínimo para 2026 en dos millones de pesos, representando un incremento del 23,7 por ciento. Entre los demandantes destacan el exmagistrado Alejandro Linares, en representación de un comerciante, el empresario Germán Castro y el Consejo Gremial Nacional (CGN), junto con entidades como Fenalco, Andi, Acopi, Camacol y Anif, mientras que el Gobierno, liderado por el presidente Petro y el ministro del Trabajo Antonio Sanguino, defiende la medida como un salario vital constitucional.
El Consejo de Estado admitió la demanda de Germán Castro y abrió un plazo de 30 días para pronunciamientos de las partes involucradas, en medio de un volumen significativo de procesos que han generado controversia nacional. Iniciales fallos judiciales, como los del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá y el Juzgado Sexto de Cúcuta, declararon improcedentes algunas tutelas, y rechazaron la medida cautelar temporal solicitada por Linares en el juzgado bogotano. El CGN, por su parte, ha solicitado suspensión preventiva ante la Corte Constitucional, argumentando graves efectos en las pequeñas empresas, el empleo formal e informal, así como la falta de criterios técnicos y competencias del Ejecutivo para fijar el salario de esta manera.
Debate entre economía y derechos constitucionales
Los demandantes cuestionan el cálculo del «salario vital», basado en la canasta mínima vital del Dane dividida por el número de trabajadores por familia, y destacan que los costos al productor cayeron un 2,6 por ciento en 2025 según el Dane, en contraste con el crecimiento real del salario del 18 por ciento en los primeros años del gobierno Petro. El Gobierno replica que se trata de cumplir una orden constitucional pendiente desde hace décadas, en un contexto donde gremios empresariales advierten sobre impactos negativos en la generación de empleo.
«Si es una orden de la Constitución, ¿por qué en 35 años no se ha cumplido?”
Gustavo Petro, Presidente de Colombia
Petro ha anunciado una propuesta para convertir el salario mínimo vital en una política permanente, presentándola ante el Congreso o una eventual Asamblea Constituyente, lo que intensifica el pulso entre el Ejecutivo y el sector privado ante los ojos de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, que serán determinantes en el futuro laboral del país.
