En la base militar Antorcha, ubicada en Frontino, Antioquia, nueve soldados fueron capturados por su presunta responsabilidad en el asesinato de Esneider Flórez Manco, un hecho ocurrido el 7 de octubre de 2025. Las detenciones se enmarcan en una investigación que avanza bajo la supervisión de la Fiscalía General de la Nación y la Justicia Penal Militar y Policial, y apuntan a posibles violaciones a derechos humanos vinculadas al presunto uso excesivo de la fuerza durante la interceptación de la víctima. Entre los detenidos figuran el Teniente Leider Ortiz Ortiz; el Sargento segundo Andrés Olivio Gutiérrez; el Cabo segundo Cristian Daniel Córdoba; el Soldado profesional Miguel Ángel Caicedo; y los Soldados Fabián Alberto Rojo, Brayan Stiven Osorio, Jhonn Edwin Quejada, Neider de Jesús Oyola y Divian Fernando Ruiz.
Las autoridades señalan que la interceptación de Esneider Flórez Manco habría sido ejecutada por personal de la unidad, con la presunta utilización de la fuerza de manera desproporcionada, y que la denuncia fue presentada ante la Fiscalía, desencadenando la apertura de una investigación que también contempla la separación de funciones de los involucrados. El proceso judicial y disciplinario continúa, con la unidad bajo escrutinio mientras se recolectan pruebas y testimonios para precisar las circunstancias del hecho ocurrido en la base Antorcha y para determinar responsabilidades individuales y administrativas.
Detención de nueve militares y la investigación en curso
Este episodio se enmarca en un contexto de debates sobre ética y valores institucionales tras antecedentes de casos en los que miembros de la Fuerza Pública han sido condenados por la Justicia Penal Militar. La noticia de las capturas llega en un momento en que el país exige transparencia y rendición de cuentas, con pruebas y testimonios de la comunidad que acompañan la denuncia ante la Fiscalía y la emisión de órdenes de captura contra los implicados. En paralelo, la Fiscalía y las autoridades militares señalan que la investigación se apoya en la evidencia y en la revisión de las actuaciones operativas para confirmar la veracidad de las acusaciones y las posibles violaciones de derechos humanos, así como para determinar si existió un crimen de civil ligado al uso de la fuerza.
Entre los datos secundarios que rodean el caso se destaca una transmisión en vivo en TikTok por parte de un soldado desde la base de Tolemaida, Tolima, un hecho reportado por Colprensa y que ha sido interpretado como señal de la desorganización y la falta de control en algunas unidades. Además, el Ejército Nacional ha emitido un comunicado en el que rechaza conductas cuestionables y solicita a la justicia esclarecer los hechos, con la eventual adopción de medidas legales correspondientes si las pruebas así lo demuestran. En el material periodístico se señala que los testimonios y denuncias de testigos fueron claves para activar la denuncia ante la Fiscalía y para la emisión de las órdenes de captura, y que la víctima presentaba signos de tortura según la cobertura de La FM.
«ha querido que la fuerza pública sea transparente en todos los casos en que algunos de sus miembros incurran en violación de derechos humanos. Ha acontecido ahora y transmito como comunicado público la información completa que me envían las mismas fuerzas militares» – Gustavo Petro, Presidente de Colombia
En términos prácticos, el hecho continúa generando un fuerte debate público sobre la necesidad de mecanismos de control interno y de una supervisión más rigurosa para evitar abusos, así como sobre las implicaciones institucionales de estos casos. Mientras tanto, la comunidad observa el desarrollo de la investigación, las decisiones administrativas que se adopten y las pruebas que permitan esclarecer si hubo tortura, qué responsabilidades caben y qué medidas se adoptarán para prevenir que hechos similares vuelvan a repetirse en zonas sensibles como las bases militares del país.
