Nuevo CNE: Pacto Histórico y Liberal disputan mayoría en elección del 25 de agosto

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El Congreso de la República tiene fecha definida para la elección de los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE). Será el próximo 25 de agosto cuando Senado y Cámara, en pleno, escojan a los nueve juristas que ocuparán estos cargos a partir de septiembre, luego de que los actuales titulares culminen su periodo el 31 de agosto. El proceso, que avanza con la verificación de requisitos de los aspirantes, está dominado por la alta participación del Pacto Histórico y el Partido Liberal, cada uno con ocho candidatos en la contienda, lo que perfila una correlación de fuerzas que marcará el pulso del organismo de control político para el próximo ciclo.

La convocatoria oficial cerró el pasado 14 de agosto y desde entonces las comisiones de Acreditación Documental del Senado y la Cámara trabajan en la revisión de los requisitos legales de todos los postulantes. Este filtro, que se extenderá hasta el 19 de agosto, determinará quiénes pasan a la lista definitiva que se publicará el 20 de agosto. Una vez depurado el listado, la plenaria del Congreso definirá, por mayoría, la composición del nuevo CNE, un tribunal que resulta clave para el futuro de los partidos políticos y la financiación de campañas en Colombia.

Pulso político y candidatos en la cuerda floja

La elección de los nueve magistrados no solo define el relevo en el órgano electoral, sino que ocurre en un contexto de alta tensión política, luego de las recientes disputas por la presidencia del Senado y la Cámara de Representantes, así como por la selección del contralor general de la República. El Pacto Histórico, que aspira a quedarse con hasta tres curules en el CNE, postuló a Alirio Uribe Muñoz, Cielo Elainne Rusinque Urrego, Ana Jimena Bautista Revelo, Gabriel Bustamante Peña, Ricardo Agudelo Sedano, Reynaldo Dussan Calderón, William Roy Villanueva Meléndez y Jairo Fabián Corzo Ordoñez. Por su parte, el Partido Liberal, que también tiene ocho candidatos, presentó a Adriana Franco Castaño, Alejandro Alberto Vega Pérez, Campo Alexander Prieto García, Carlos Aurelio Marchan Tarazona, Cristian Camilo Castro Mejía, Daniel Pinzón Chavarro, María Victoria Tafur Garzón y Silvio José Carrasquilla Torres.

El resto de la oferta de candidatos incluye una diversidad de fuerzas políticas. Por Cambio Radical se inscribió Gersel Luis Pérez Altamiranda; por el Partido de la U, Juan Felipe Lemos Uribe; y por el Partido Conservador, Juan Carlos Wills Ospina. El Centro Democrático y el Partido Mira presentaron a Nubia Stella Martínez Rueda y Plinio Alarcón Buitrago. Salvación Nacional propuso a José Antonio Parra Fandiño, mientras que el MAIS postuló a Roquelina Sabís Blanco Moscarella y Praxere Jospe Ospino Rey. En Marcha, La Fuerza y la ASI también figuran con candidatos: Guillermo Abel Rivera Flórez, Martha Lucía Zamora Ávila junto a Sonia Shirley Bernal Sánchez, y Hollman Ibáñez Parra, respectivamente. Además, Alianza Verde, que va en coalición, presentó a Miguel Eduardo Sastoque Martínez. La última silla del CNE será objeto de una intensa competencia entre los partidos minoritarios y las coaliciones emergentes que buscan hacerse un espacio en el organismo.

El Consejo Nacional Electoral es el ente encargado de vigilar el cumplimiento de las normas por parte de los partidos, investigar irregularidades y analizar la financiación de campañas políticas. Precisamente, durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, el CNE sancionó su campaña presidencial por exceder los topes de financiación, un antecedente que le agrega un peso significativo a esta elección. Los nuevos magistrados, además, deberán enfrentar temas cruciales como las solicitudes de personería jurídica, el caso de la agrupación La Fuerza de Roy Barreras, y las investigaciones por presuntas anomalías en la financiación de campañas de figuras como el senador Iván Cepeda y el presidente del Senado, Abelardo de la Espriella. La conformación del nuevo CNE, por lo tanto, no solo es un trámite burocrático, sino una definición política que incidirá en el equilibrio de poderes del Estado colombiano durante los próximos años.

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