El Gobierno nacional, a través de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), expidió la Resolución CRA 1039 de 2026, que establece un nuevo marco tarifario para el servicio público de aseo en los municipios con más de 5.000 suscriptores urbanos. La firma de la resolución, ocurrida el 4 de agosto de 2026, estuvo a cargo de Edwin Palma Egea, ministro de Minas y Energía, quien actuó como ministro de Vivienda ad hoc luego de que Ruth Marisa Quevedo, ministra encargada de esa cartera, se declarara impedida. La decisión, que según el Gobierno busca modernizar el servicio y alinearlo con el Plan Nacional de Desarrollo y el programa Basura Cero, generó una fuerte reacción por parte de la Asociación Nacional de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), que al día siguiente, el 5 de agosto, expresó su profunda preocupación por la falta de rigor técnico y el posible impacto en la sostenibilidad del servicio.
El nuevo marco tarifario se enmarca en una transición hacia la economía circular, con énfasis en el aprovechamiento de residuos, la dignificación de los recicladores de oficio y la justicia tarifaria para los usuarios. Sin embargo, Andesco, liderada por su presidente Camilo Sánchez Ortega, cuestionó el proceso de aprobación. Según la asociación, la CRA publicó un documento sustancialmente diferente al que se sometió a participación ciudadana, lo que, en la práctica, implicó la adopción de una regulación distinta a la que los interesados conocieron y sobre la cual presentaron observaciones. A esto se suma que Palma Egea, designado como ministro ad hoc, firmó la resolución en menos de 24 horas tras su nombramiento, tiempo que Andesco considera insuficiente para evaluar un expediente que incluye una resolución de más de 200 páginas, un documento de trabajo de más de 600 páginas y los modelos económicos que sustentan la metodología.
Declaraciones encontradas sobre el nuevo marco tarifario
El ministro Edwin Palma Egea defendió la medida calificándola como un paso histórico. “Con esta decisión damos un paso histórico para modernizar el servicio público de aseo en Colombia”, afirmó el funcionario el 4 de agosto, agregando que “la regulación deja de concentrarse únicamente en la disposición final de los residuos y comienza a incentivar el aprovechamiento, la economía circular, la innovación y la dignificación de miles de recicladores de oficio”.
“Hoy queremos expresar nuestra profunda preocupación por la expedición del marco tarifario de aseo, adoptado mediante la resolución CRA 1040 del 2026”, señaló Camilo Sánchez Ortega, presidente de Andesco, en una declaración que hace referencia a un número de resolución que, aunque aparece en el pronunciamiento del gremio, difiere del número oficial de la CRA, lo que añade confusión al debate.
Camilo Sánchez Ortega, presidente de Andesco
El dirigente gremial fue enfático al señalar que el proceso careció de la profundidad técnica necesaria. “¿Cómo pudo el ministro Palma comprender, contrastar, valorar respetuosamente y responsablemente toda esta información en menos de 24 horas?”, se preguntó Sánchez, quien añadió que “una designación administrativa y una firma no sustituyen el conocimiento sectorial, la revisión rigurosa ni la deliberación técnica que exige una decisión de esta magnitud”.
Riesgos para la sostenibilidad del servicio
Andesco advierte que la nueva metodología tarifaria reduce el reconocimiento económico de actividades esenciales como el barrido, la recolección, el transporte y la disposición final de residuos, al tiempo que utiliza rendimientos irreales y costos subestimados. Esto, según el gremio, pone en riesgo la sostenibilidad financiera de los prestadores, la cobertura, la calidad del servicio y la gestión integral de residuos. Sánchez Ortega subrayó que “es una regulación que afecta durante varios años a millones de ciudadanos, trabajadores, municipios y empresas prestadoras no puede aprobarse a las carreras”.
El contexto de la controversia incluye un exhorto de la Corte Constitucional mediante la sentencia T-724 de 2003, que pidió a la CRA publicar el proyecto del marco tarifario en trámite, la información sobre la participación de los recicladores y la matriz de respuestas a las observaciones. Aunque la CRA atendió el llamado, Andesco sostiene que el documento final difiere de manera sustancial del original, lo que vulnera el derecho a la participación ciudadana efectiva.
Ante esta situación, la asociación pidió al Gobierno, a la CRA y a los organismos de control que revisen el marco tarifario, fortalezcan la transparencia y abran un nuevo proceso de participación que permita garantizar la viabilidad del servicio de aseo en Colombia. Mientras tanto, el Ejecutivo insiste en que la medida es un avance hacia un modelo más sostenible y circular, en línea con las metas del Plan Nacional de Desarrollo.
