En la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales de Colombia, las centrales obreras han propuesto un aumento del 16 por ciento para el salario mínimo de 2026, elevándolo a 1.651.260 pesos sin auxilio de transporte, mientras que los gremios empresariales, representados por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) y la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), contrapropusieron un incremento del 7,21 por ciento, que llevaría el salario a 1.526.191 pesos. Este debate se intensificó tras la presentación de estas posiciones divergentes en la mesa de concertación, donde los trabajadores buscan proteger el poder adquisitivo frente al encarecimiento de bienes esenciales y la inflación, en contraste con las preocupaciones de los empleadores por los costos operativos.
El salario mínimo actual, fijado en 1.423.500 pesos sin auxilio de transporte, impacta directamente a millones de colombianos que dependen de este ingreso para cubrir necesidades básicas. Bajo la propuesta de las centrales obreras, el salario con auxilio de transporte ascendería a 1.883.260 pesos, representando un incremento de entre 227.760 y 259.760 pesos en total, justificado por la necesidad de contrarrestar la inflación acumulada y el alza en servicios esenciales como vivienda, educación y alimentación. Por su parte, la oferta empresarial elevaría el total con auxilio a 1.740.554 pesos, un aumento aproximado de 117.000 pesos, argumentando la importancia de mantener la competitividad y la generación de empleo en un contexto económico desafiante.
Impacto en el poder adquisitivo y la economía nacional
Esta discusión en la Comisión de Concertación no solo define el futuro salarial para el próximo año, sino que también influye en el poder adquisitivo de los trabajadores y en los costos para las empresas, en un momento en que el debate sobre la inflación y el encarecimiento de la canasta básica familiar cobra mayor relevancia. Las centrales obreras enfatizan la urgencia de un ajuste significativo para preservar el nivel de vida de los asalariados de menores ingresos, mientras los gremios empresariales advierten sobre los riesgos de incrementos excesivos que podrían desincentivar la contratación y afectar la sostenibilidad de las pymes y sectores productivos.
La decisión final de esta mesa tripartita, que reúne a representantes del gobierno, trabajadores y empleadores, será crucial para equilibrar estas visiones opuestas y marcará el rumbo salarial que regirá desde enero de 2026, con repercusiones en la economía de regiones como Caldas y el Eje Cafetero, donde miles de familias dependen de estos ajustes para enfrentar la coyuntura actual.
