El Consejo de Estado ordenó a Gustavo Petro y Armando Benedetti rectificar en cinco días las declaraciones que señalaron al personero de Ocaña, Jorge Armando Bohórquez, de colaborar con el ELN, una decisión que llega tras la tutela ganada por Bohórquez en julio de 2025 y que subraya la necesidad de evitar señalamientos sin sustento cuando se opera en zonas sensibles como el Catatumbo. Las manifestaciones públicas, ocurridas el 21 de abril de 2025, despertaron la preocupación por su impacto en la seguridad del funcionario y en la convivencia institucional de un territorio con presencia de grupos armados.
La providencia del Consejo de Estado ordena la rectificación dentro de un plazo de cinco días y, adicionalmente, establece que la Unidad Nacional de Protección (UNP) debe realizar un nuevo estudio técnico de riesgo en veinte días. Bohórquez había interpuesto una tutela en julio de 2025 para la protección de sus derechos a la vida, la seguridad, la honra y el buen nombre frente a las afirmaciones realizadas por el presidente Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, que lo vincularon con el ELN sin pruebas concluyentes. El fallo sostiene que estas aseveraciones carecen de sustento y podrían afectar gravemente la integridad de un funcionario que desempeña su labor en una región de alta volatilidad como Catatumbo.
La decisión del Consejo de Estado y sus implicaciones para la protección de funcionarios en zonas de alto riesgo
El fallo no solo impone la rectificación de las declaraciones, sino que también señala la necesidad de revisar y, si corresponde, ajustar el esquema de protección de Bohórquez por parte de la UNP, reconociendo los riesgos a los que se exponen los funcionarios que trabajan en Ocaña y en otros municipios de Catatumbo. Los antecedentes quedan claros: Bohórquez había sido señalado públicamente el 21 de abril de 2025 como presunto colaborador del ELN, lo que motivó la tutela presentada en julio de 2025 para salvaguardar su vida y su honra. En este contexto, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación destacaron que estas declaraciones tienen efectos reales sobre la seguridad de los funcionarios que operan en territorios con presencia de actores armados, y que las acusaciones deben hacerse con fundamento y responsabilidad.
«Hago responsable al Gobierno nacional de cualquier afectación a mí y mis seres queridos (…) Jamás he pertenecido a grupo armado y he sido neutral ante cualquier situación registrada en la región» – Jorge Armando Bohórquez, Personero de Ocaña
Con la rectificación obligatoria y la revisión de las medidas de protección, las autoridades buscan restablecer la confianza para que el trabajo de Bohórquez y de otros funcionarios en zonas como Catatumbo no se vea empañado por señalamientos sin respaldo. Este fallo reitera la responsabilidad de las autoridades en la verificación de acusaciones públicas y la necesidad de salvaguardar a quienes cumplen funciones constitucionales en contextos de alto riesgo.
