José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda durante el gobierno de Gustavo Petro, cuestionó duramente el anuncio presidencial del aumento del 23,7 por ciento en el salario mínimo para 2026 en Colombia, que eleva el valor mensual a 1.750.905 pesos más un auxilio de transporte de 249.095 pesos, sumando un total aproximado de dos millones de pesos. Esta medida, revelada por el presidente Petro en una alocución el 29 de diciembre, generó una inmediata reacción de Ocampo a través de su cuenta en la red social X, donde exigió al gobierno aclarar cómo afrontará los efectos negativos en el empleo formal, la inflación, los costos laborales y las finanzas públicas.
El incremento representa un salto significativo respecto al salario mínimo de 2025, que era de 1.423.500 pesos más un subsidio de transporte de 200.000 pesos, para un total de 1.623.500 pesos. Ocampo subrayó que, aunque beneficiará positivamente a una décima parte de los trabajadores colombianos y podría impulsar la demanda agregada, sus repercusiones adversas serán complejas de manejar, especialmente en un contexto donde casi la mitad de los trabajadores urbanos y más del 80 por ciento de los rurales laboran en la informalidad. Esta situación agrava el impacto en las micro y pequeñas empresas, que enfrentarán mayores costos laborales sumados a los cambios propuestos en la reforma laboral.
Impactos advertidos en empleo e inflación
Ocampo detalló que el alza se suma a los efectos de la reforma laboral, afectando el empleo formal y presionando al alza la inflación mediante la indexación de bienes y servicios al salario mínimo, lo que también elevaría los costos de producción, las pensiones y las finanzas públicas. Ante esto, alertó sobre un posible aumento de las tasas de interés por parte del Banco de la República para contrarrestar estas presiones económicas, en medio de reacciones generalizadas de sectores económicos al anuncio presidencial.
«El gobierno debe aclarar cómo afrontará las consecuencias negativas de esta medida».
José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda
«A pesar de que el inesperado y elevado aumento del salario mínimo tendrá efectos positivos para una décima parte de los trabajadores colombianos y aumentará la demanda agregada, sus efectos negativos serán complejos de manejar».
José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda
El economista profundizó en sus preocupaciones al explicar que los incrementos en costos laborales impactarán a todas las empresas, pero de manera particular a las micro y pequeñas, en un panorama dominado por la informalidad. Además, cuestionó la decisión tomada al final del mandato presidencial, dejando la gestión de sus consecuencias al próximo gobierno.
«En primer término, se agrega a los costos laborales que genera la reforma laboral, lo cual tendrá efectos sobre el empleo formal, en un contexto en el cual casi la mitad de los trabajadores urbanos colombianos y más del 80% de los rurales son informales. A través de los aumentos de costos laborales se verán afectadas todas las empresas, pero especialmente las micro y pequeñas».
José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda
«El gobierno debe explicar públicamente cómo va a manejar estos efectos negativos y además por qué, si tenía la convicción de la conveniencia de un salario vital, adoptó esta decisión al final de su mandato, dejando que sus efectos tuvieran que manejarlos el próximo gobierno».
José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda
Por su parte, el presidente Gustavo Petro defendió la medida recordando logros de su administración en materia laboral. «En mi Gobierno, la tasa de informalidad laboral ha descendido respecto al gobierno de Duque, así que la tesis de que si se aumenta el salario mínimo crece la informalidad simplemente no es cierta», afirmó el mandatario, en un intento por contrarrestar las críticas de Ocampo y otros analistas económicos.
«En mi Gobierno, la tasa de informalidad laboral ha descendido respecto al gobierno de Duque, así que la tesis de que si se aumenta el salario mínimo crece la informalidad simplemente no es cierta».
Gustavo Petro, presidente de Colombia
El debate alrededor del salario mínimo para 2026 pone de manifiesto las tensiones entre políticas redistributivas y estabilidad macroeconómica en Colombia, con el gobierno Petro cerrando su período en medio de controvertidas decisiones que repercutirán en el futuro inmediato del país.
