El trabajo doméstico remunerado en Colombia enfrenta una crisis estructural de informalidad y precariedad que afecta a más de 703.000 personas, de las cuales entre el 91% y el 93% son mujeres. Según datos recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y el Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, entre el 70% y el 83% de estas trabajadoras carece de acceso a seguridad social, mientras que el 80% se desempeña en condiciones informales. El ingreso mensual promedio es de apenas $926.361, por debajo del salario mínimo legal vigente, y solo el 20% cuenta con afiliaciones activas y cotizaciones simultáneas a salud y pensión. Esta situación se agrava en zonas rurales, donde el 65% de las trabajadoras gana menos del 50% del salario mínimo.
La informalidad laboral se manifiesta en la ausencia de contratos claros, pagos organizados y afiliaciones completas, lo que deja a miles de mujeres jefas de hogar en una vulnerabilidad extrema. El análisis del Dane revela que el 82% de las personas dedicadas al servicio doméstico realiza su labor sin protección social, y apenas el 14% cotiza a pensión. Además, el 62% percibe un salario mínimo o menos, una cifra que evidencia la brecha entre la realidad laboral y las exigencias de la reforma laboral, que obliga a los empleadores a pagar el mínimo a las empleadas domésticas pero cuyo cumplimiento sigue siendo bajo. La percepción cultural que subvalora esta ocupación como “ayuda” o “colaboración” ha perpetuado un ciclo de exclusión y desprotección.
Informalidad y precariedad en cifras
La precariedad del sector no solo afecta a las trabajadoras, sino que debilita todo el sistema de seguridad social. Mariano Ortega, director ejecutivo de Limpiafy, advierte que “cuando una trabajadora está en la informalidad, pierde protección de manera inmediata. Al mismo tiempo, pierde el país entero porque se debilita el sistema de seguridad social, se reduce la productividad, aumenta la vulnerabilidad socioeconómica de miles de mujeres jefas de hogar y se perpetúa la idea errónea de que el cuidado y la limpieza son labores de menor valor”. Ortega señala que esa percepción ha contribuido a que muchas relaciones laborales se manejen de manera informal, sin contratos claros ni pagos organizados.
Catalina Vargas, directora de país de CARE Colombia, subraya que “el trabajo doméstico es esencial para el funcionamiento de la sociedad, pero ha sido invisibilizado y precarizado. Quienes lo sostienen no pueden ejercer plenamente sus derechos”. Las mujeres dedican en promedio cerca de siete horas diarias a labores domésticas no remuneradas, frente a tres horas los hombres, una brecha que refleja la desigualdad de género que atraviesa todo el sector.
“El servicio doméstico no es una ayuda, es un trabajo esencial, y como todo trabajo esencial, debe tener reglas claras, protección, formación y reconocimiento”
Mariano Ortega, director ejecutivo de Limpiafy
“La Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico insiste en que esta labor debe ser reconocida como un empleo formal. No es ayuda ni colaboración: es trabajo y debe tener derechos”
Claribed Palacios, presidenta de la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico
Organizaciones sociales como el Intersindical de Trabajo Doméstico han impulsado la campaña #ElTrabajoDomésticoEsTrabajo, que exige formalización, protección social y el reconocimiento pleno de esta ocupación como empleo esencial. El debate actual apunta a pasar del reconocimiento simbólico a garantías concretas, con un llamado al Estado, los empleadores y la sociedad en su conjunto para cerrar la brecha que mantiene a miles de mujeres en la informalidad, sin pensión, sin salud y sin la dignidad que merece un trabajo que sostiene la rutina de millones de familias colombianas.
