Ocho personas enfrentarán la imputación de cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación, en el marco de la investigación contra la presunta red transnacional de contrabando y lavado de activos que operaba a través de las marcas Lili Pink y Yoi. La audiencia está programada para el miércoles 24 de junio en Bogotá, donde la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales de la Fiscalía presentará acusaciones por concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Este caso se originó tras una denuncia interpuesta por la Dirección de Grandes Contribuyentes de la Dian, que detectó presuntas irregularidades en las sociedades del grupo Fast Moda S.A.S., propietario de dichos establecimientos comerciales.
La investigación, que se ha extendido por más de una década desde 2013, reveló una estructura delictiva que habría utilizado empresas fachada tanto en Panamá como en Colombia para ingresar mercancía de contrabando al territorio nacional, evadiendo los controles aduaneros. Según el fiscal del caso, cuyo nombre no fue revelado, la red criminal controlaba toda la cadena de operación, desde la importación de productos como ropa femenina, juguetes y cosméticos, hasta su distribución en las tiendas, para luego enviar las ganancias obtenidas de la comercialización ilegal nuevamente a cuentas panameñas controladas por la misma organización. La estrategia de los presuntos cabecillas, según se expuso en audiencias previas, incluía un intento de desdibujar la responsabilidad de quienes tenían el control financiero de la empresa criminal, asignando cargos de representación legal a personas con funciones operativas menores, como conductores, operarios, tesoreros y abogados.
El rol de las empresas fachada y el primer imputado
Uno de los implicados que ya había sido vinculado al caso es Walter Martínez Martínez, quien fue enviado a prisión preventiva el pasado 14 de mayo. Las autoridades señalaron que Martínez manejaba siete empresas fachada, una de las cuales, denominada Moda Mundo Importaciones S.A.S., tenía según la Dian una dirección registrada que correspondía a un lote baldío, lo que evidenciaba la naturaleza ficticia de la operación. Este caso ha puesto de manifiesto la complejidad de la red, que operó durante al menos diez años utilizando importadoras de papel que simulaban legalidad mientras ocultaban a los verdaderos beneficiarios económicos. La audiencia del 24 de junio marca un punto de inflexión en el proceso, pues se formalizarán los cargos contra los ocho procesados, avanzando hacia una fase judicial que busca esclarecer el alcance total de esta presunta organización criminal.
«Para lograr su objetivo criminal, fueron constituidas empresas en la República de Panamá y en Colombia, controlando la totalidad de la operación, desde su ingreso al territorio aduanero nacional a través de importadoras de papel, hasta su distribución, para finalmente enviar los dineros obtenidos, producto de esta comercialización ilegal de mercancía de contrabando, nuevamente a las empresas panameñas controladas por la misma organización delictiva»
Fiscal del caso, Fiscalía General de la Nación
El modus operandi de la red, de confirmarse las acusaciones, implicó un sofisticado esquema de triangulación de capitales y mercancías, que habría permitido a las marcas Lili Pink y Yoi operar durante más de trece años en Colombia mientras evadían los controles fiscales y aduaneros. La investigación de la Dian y la Fiscalía continúa, con la expectativa de que en las próximas audiencias se revelen más detalles sobre la magnitud de las ganancias ilícitas y la posible participación de otros actores en esta estructura delictiva que, según las autoridades, tenía ramificaciones internacionales. La imputación de cargos no solo representa un paso clave en la lucha contra el contrabando, sino también un mensaje sobre la determinación del Estado para desarticular redes que buscan evadir la ley mediante la creación de empresas de papel y la ocultación de sus verdaderos dueños.
