Las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, conocida como OFAC, han dificultado el pago de la nómina presidencial de Gustavo Petro y abren la puerta a la posibilidad de abonar en efectivo como alternativa. Desde el viernes 24 de octubre se realizan reuniones técnicas y jurídicas en la Casa de Nariño y el Ministerio de Hacienda para definir una vía legal que permita cumplir con las obligaciones salariales sin incurrir en sanciones, en un escenario en el que participan figuras como Verónica Alcocer, esposa del presidente; Nicolás Petro, su hijo; Armando Benedetti, ministro del Interior, y el economista Luigi Parra, quien ha estado asesorando al equipo de gobierno. Entre las opciones analizadas está el uso del Banco Agrario como canal de pago y, en caso de que no sea viable, la posibilidad de efectuar pagos en ventanilla en efectivo, con referencias a redes de pago internacionales como ACH y Redeban, cuyo manejo podría implicar riesgos para la banca colombiana y su interconexión con activos estadounidenses.
La situación se inscribe en un marco de antecedentes relevantes: la sanción de la OFAC y su impacto en bancos colombianos vinculados a Petro, con Blu Radio adelantando la cobertura del caso y señalando que el bloqueo podría estar relacionado con posibles vínculos con actividades ilícitas. Aunque no se han informado montos específicos de la nómina ni cifras monetarias asociadas, el objetivo es encontrar una solución que permita pagar a la nómina presidencial sin desatender las directrices internacionales. Se evalúa, además, la posibilidad de una excepción basada en una sentencia de la Corte Constitucional de 1999 para justificar pagos a través del Banco Agrario, y se advierte sobre el riesgo reputacional y operativo para las entidades financieras ante la posibilidad de pagar a una persona listada, lo que podría afectar futuras operaciones con actores estadounidenses.
Gobierno evalúa opciones para la nómina ante sanciones de la OFAC
La discusión actual, orientada por reuniones técnicas y jurídicas, contempla la viabilidad de pagos mediante el Banco Agrario como canal principal y la opción de efectuar pagos en ventanilla en efectivo si la vía institucional resulta inviable. En este marco, se mencionan referencias a una excepción basada en la sentencia de la Corte Constitucional de 1999 para justificar ese tipo de operación, pero persiste la preocupación de que un pago a una persona listada podría activar alertas inmediatas por parte de bancos estadounidenses y comprometer de inmediato la relación comercial. En este sentido, se subraya la necesidad de evitar dañar la reputación de la banca colombiana y de no desbordar los límites de las operaciones interinstitucionales, dado que la marca de la sanción es, según los expertos, muy difícil de borrar y puede afectar la operatividad comercial a largo plazo.
«Muchos bancos colombianos cotizan en mercados estadounidenses y, aun aquellos que no lo hacen, mantienen relaciones comerciales indispensables con bancos de ese país. No cumplir las directrices de la Ofac puede llevar a su inclusión en la misma Lista Clinton, como ocurrió con el América de Cali», afirma Luigi Parra, economista.
Con todo, el contexto necesario para entender la noticia señala que la OFAC ha generado impactos prolongados en bancos colombianos vinculados a Petro y ha motivado una respuesta institucional que, desde el 24 de octubre, reúne a autoridades de la Casa de Nariño y del Ministerio de Hacienda para definir una vía legal que permita pagar la nómina sin vulnerar las sanciones. La atención se centra en el Banco Agrario y en posibles soluciones de pago en efectivo, siempre evaluando las implicaciones reputacionales y operativas para la banca y su capacidad de mantener la interconexión con activos estadounidenses, sin generar un escenario de mayor fractura financiera. Este esfuerzo pretende evitar un daño mayor y asegurar que la gestión administrativa y la seguridad institucional prossigan con normalidad pese al complejo entorno internacional.
