La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó hoy a Verónica Alcocer, Nicolás Petro Burgos y Armando Benedetti en la Lista Clinton, también conocida como la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo a Gustavo Petro en el marco de la Orden Ejecutiva 14059. La designación implica sanciones financieras y restricciones para operaciones con entidades estadounidenses, así como la congelación de activos que pudieran estar vinculados a estas personas.
La medida, comunicada por OFAC desde su sede en Washington, sitúa a Alcocer, Petro Burgos y Benedetti junto a Gustavo Petro en un régimen de vigilancia y control que busca disuadir apoyos directos al mandatario colombiano. En el expediente se especifica que la designación responde a haber proporcionado apoyo financiero, material, tecnológico o de servicios en respaldo de Petro, y se ejecuta conforme a la Orden Ejecutiva 14059 y la Clinton List/SDN.
Contexto y alcance de la medida
Entre los nombres señalados figura Verónica Alcocer, Primera Dama de Colombia, cuyo nombramiento como embajadora en misión especial fue declarado inconstitucional y anulado por un tribunal. En el expediente de Nicolás Petro Burgos se recoge su participación en la campaña de 2022 en Barranquilla y su historial judicial y financiero: en 2023 admitió haber recibido dinero ilícito de una persona vinculada al narcotráfico y se mencionan procesos por interés indebido en contratos, tráfico de influencias y falsedad en documento público. Armando Benedetti, exministro del Interior, figura también en grabaciones filtradas en 2023 que aluden a la financiación de campañas y a la obtención de votos para Gustavo Petro, con referencias a 15.000 millones de pesos en conversaciones.
«El presidente Petro ha permitido el florecimiento de los carteles de la droga y se ha negado a detener esta actividad. Hoy, el presidente Trump está tomando medidas enérgicas para proteger a nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas en nuestro país» – Scott Bessent, Secretario del Tesoro
«Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (…). Y ayer el presidente: ‘No, no, es que tengo afán’. Ajá, maric…, yo hice cien reuniones (…), 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí, no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé; además, lo que te voy a decir no es una amenaza (…), veo que esto me puede empu…, pateo hijue…, y ahí nos caemos todos hijue…”, dijo.» – Armando Benedetti, Ministro del Interior
En el plano de contexto, OFAC mantiene la práctica de designar a funcionarios y familiares vinculados a autoridades de un país cuando consideran que esas acciones respaldan o facilitan al gobernante designado. En este caso, la designación se asocia a apoyos percibidos por Gustavo Petro y a debates sobre su política antidrogas y posibles nexos con el narcotráfico; también se menciona el papel de la familia y del ministro del Interior según las memorias de la época. Cabe señalar que Verónica Alcocer fue designada inconstitucionalmente como embajadora en misión especial, pero ese nombramiento fue anulado por un fallo judicial.
Entre los datos secundarios se destaca que Verónica Alcocer fue designada inconstitucionalmente como embajadora en misión especial por Gustavo Petro; Nicolás Petro Burgos, identificado como heredero político, participó en la campaña de 2022 en Barranquilla y enfrenta investigaciones por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, así como procesos por interés indebido, tráfico de influencias y falsedad documental; en 2023 admitió haber recibido dinero ilícito de una persona vinculada al narcotráfico y de un contratista relacionado con financiamiento a paramilitares. Por su parte, Armando Benedetti, exministro del Interior, ha sido señalado en filtraciones y grabaciones sobre financiamiento de campañas y obtención de votos para Petro, con referencias a 15.000 millones de pesos.
La noticia, que llega desde Washington, no sólo marca un endurecimiento de sanciones contra actores cercanos al gobierno colombiano, sino que también alimenta el debate sobre la financiación de campañas y la transparencia de las relaciones entre actores políticos y organizaciones delictivas en la región. Desde La Veintitrés Manizales estaremos atentos a las reacciones oficiales y a las posibles respuestas en Colombia y en el escenario internacional.
