Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), continúa sin sentencia firme en el Tribunal Superior de Bogotá más de cuatro meses después de que en mayo de 2025 la magistrada Alma Gertrudis Chamat Lozano rechazara el preacuerdo que había negociado con la Fiscalía General de la Nación, representada por María Cristina Patiño, y su defensa liderada por el abogado José Luis Moreno. El acuerdo proponía que López admitiera su responsabilidad a cambio de una rebaja penal, pero fue desestimado por considerar que la reparación integral ofrecida resultaba insuficiente frente al daño causado, particularmente a las comunidades vulnerables de La Guajira afectadas por la falta de agua potable en carrotanques.
El expediente ha recorrido varios despachos de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, incluyendo el impedimento del juez Fabio Bernal, lo que llevó el caso a manos de la magistrada Chamat Lozano, sin que hasta la fecha se haya tomado una decisión final pese a la confesión de responsabilidad por parte de López, considerado el principal cerebro del esquema delictivo. En contraste, el preacuerdo simultáneo de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, sí fue aprobado, resultando en una condena de cinco años y ocho meses de prisión tras una rebaja del 45 por ciento.
El escándalo de corrupción que sacude al país
Este caso forma parte de un amplio escándalo de corrupción en la UNGRD destapado hace casi dos años, que involucra a 50 personas investigadas, incluidos dos exministros que permanecen detenidos, y que giró en torno a sobornos para comprar votos en el Congreso mediante convenios irregulares destinados a reformas sociales, con un impacto directo en poblaciones vulnerables como las de La Guajira, donde falló el suministro de agua potable a través de carrotanques. Tanto López como Pinilla recibieron principios de oportunidad para testificar en otras causas relacionadas, lo que subraya la magnitud de la red delictiva.
La indefinición prolongada del expediente de López genera preocupación por la mora judicial en un proceso donde ya se ha admitido responsabilidad, dejando en vilo la búsqueda de justicia para las víctimas y destacando las fallas en la reparación proporcional al daño causado en regiones olvidadas del país.
