El Gobierno creó nuevas herramientas para financiar y acelerar las obras. Ahora tendrá que demostrar que puede convertirlas en soluciones
Por RICARDO GALÁN OSMA
El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella expidió 11 decretos para acelerar la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó el centro y el occidente de Colombia.
Las medidas crean un fondo especial, abren nuevas fuentes de financiación, facilitan la recuperación del servicio de energía, flexibilizan el calendario escolar y permiten que las empresas ejecuten obras a cambio de impuestos.
Sobre el papel, el Gobierno ya tiene una caja de herramientas amplia.
Ahora debe responder las preguntas más importantes: ¿cuánto costará realmente la reconstrucción?, ¿de dónde saldrá el dinero?, ¿qué regiones y proyectos tendrán prioridad?, ¿quién vigilará los contratos? y ¿cuánto tiempo tendrán que esperar las familias damnificadas para recuperar una vivienda segura?
El Fondo Milagro manejará los recursos
El Decreto 1379 creó el Fondo Milagro, que será el principal instrumento para recibir, administrar y ejecutar los recursos destinados a la atención de la emergencia y la reconstrucción.
Por allí podrán pasar dineros del Presupuesto Nacional, aportes de entidades públicas, donaciones privadas y recursos de cooperación internacional.
El Fondo podrá financiar asistencia humanitaria, recuperación de infraestructura, reconstrucción de viviendas, reactivación económica y reducción del riesgo. Una fiduciaria vigilada por la Superintendencia Financiera administrará los recursos.
La rapidez es necesaria, pero no puede convertirse en una excusa para contratar sin controles.
El país debería poder conocer, en tiempo real, cuánto dinero entra, de dónde viene, quién lo administra, cuáles proyectos reciben recursos, quiénes son los contratistas y cuánto avanza cada obra.
La mejor protección contra la corrupción no consiste en descubrirla años después, sino en permitir que la ciudadanía vigile los recursos desde el primer día.
Más dinero, pero también más riesgos
Los decretos permiten usar recursos para recuperar el servicio de energía y autorizan a departamentos y municipios a financiar proyectos fuera de sus jurisdicciones. Una entidad territorial con recursos disponibles podrá ayudar a reconstruir infraestructura en otra región.
También autorizan a alcaldes y gobernadores de las zonas afectadas a titularizar hasta el 10 % de sus ingresos futuros, adquirir nuevos créditos y comprometer algunas rentas de 2026 y 2027.
Esto puede acelerar las obras, pero plantea una pregunta inevitable: ¿los territorios más pobres terminarán financiando la reconstrucción con deuda y comprometiendo los presupuestos de los próximos años?
Otra medida permite utilizar, por una sola vez, algunos excedentes del fondo de pensiones de las entidades territoriales y del sector salud.
El decreto no autoriza tomar los recursos necesarios para pagar las pensiones. Habla de excedentes disponibles después de garantizar esas obligaciones. Aun así, el Gobierno deberá demostrar, antes de trasladar un peso, que las obligaciones pensionales y las necesidades ordinarias de la salud están cubiertas.
Una emergencia no debería resolverse creando un nuevo problema financiero.
Menos trámites para los damnificados
Las entidades públicas podrán exigir menos documentos, reducir tiempos de respuesta, eliminar algunos costos y habilitar nuevos puntos de atención.
Esto resulta especialmente importante para quienes perdieron sus documentos, su vivienda o su lugar de trabajo. El Estado no puede exigirles a las familias damnificadas el mismo recorrido burocrático previsto para condiciones normales.
El Gobierno también podrá utilizar información estadística reservada del DANE para identificar a las personas, hogares, viviendas y establecimientos afectados.
El objetivo es evitar que las ayudas se distribuyan a ciegas. Sin embargo, levantar temporalmente una reserva estadística no puede convertirse en una autorización para divulgar información privada o usarla con fines políticos, electorales o comerciales.
Los estudiantes no deberían perder el año
Tres decretos se concentran en la educación. El Gobierno calcula que 5.309 sedes educativas sufrieron daños o tienen restricciones para prestar clases presenciales.
Las medidas permiten trasladar temporalmente las clases, utilizar modalidades alternativas y reorganizar las semanas del calendario escolar. En todo caso, el año académico deberá terminar antes del 31 de diciembre.
Estas decisiones pueden evitar que miles de niños y jóvenes pierdan el año, pero flexibilizar el calendario no resuelve todo el problema.
Una familia que perdió su casa, vive en un albergue o no tiene energía necesita transporte, alimentación escolar, conectividad, apoyo emocional y condiciones mínimas de seguridad. No basta con contar las semanas de clase.
Obras a cambio de impuestos
El Decreto 1389 amplió el mecanismo de obras por impuestos a los territorios afectados por el terremoto.
Una empresa podrá destinar parte del impuesto que debe pagar a ejecutar directamente una obra pública. El mecanismo puede atraer recursos privados y acelerar proyectos.
El riesgo es que las inversiones se concentren en los lugares más visibles o atractivos para las empresas, y no necesariamente en las necesidades más urgentes.
La prioridad debe ser una escuela rural que necesitan cientos de niños, un hospital que atiende a varios municipios o una vía indispensable para transportar alimentos, aunque esas obras no produzcan fotografías espectaculares ni grandes réditos de imagen.
Los decretos son instrumentos, no resultados
Los 11 decretos permiten movilizar recursos, reducir trámites y tomar decisiones con mayor rapidez. Era necesario.
Pero crear un fondo no significa que ya exista todo el dinero. Autorizar créditos no significa que los municipios puedan pagarlos. Permitir espacios educativos alternos no significa que estén listos para recibir estudiantes. Ampliar las obras por impuestos tampoco garantiza que los proyectos más urgentes sean los primeros.
A partir de ahora tendremos que vigilar cinco asuntos:
- El costo total de la reconstrucción.
- Las fuentes concretas de financiación.
- Los criterios para priorizar municipios, comunidades y obras.
- Los mecanismos de contratación y vigilancia.
- El cronograma de ejecución.
Los decretos legislativos, además, pasarán por el control automático de la Corte Constitucional. El alto tribunal deberá determinar si cada medida está directamente relacionada con la emergencia, si resulta necesaria y si respeta los límites establecidos por la Constitución.
La reconstrucción no se medirá por el número de decretos firmados, sino por el número de familias que puedan recuperar una vida digna y segura.
Los pasaportes vuelven a quedar en medio de la incertidumbre
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó suspender temporalmente el convenio entre la Cancillería y la Imprenta Nacional para la elaboración de los pasaportes, mientras recibe respuestas sobre los cronogramas y las garantías para producir y suministrar las libretas.
La decisión abrió nuevas preguntas sobre el futuro del acuerdo que involucra a Colombia, Portugal y Francia.
El canciller y el ministro del Interior aseguran que existen pasaportes suficientes para lo que resta del año. La preocupación, sin embargo, va más allá.
Si el nuevo modelo no logra ponerse en marcha a tiempo, el Gobierno podría verse obligado a buscar otra solución transitoria. Incluso comienza a circular la posibilidad de volver a contratar al proveedor anterior mientras se resuelve la situación.
Eso tampoco sería inmediato: la empresa tendría que reconstruir las herramientas de seguridad que fueron destruidas cuando terminó su contrato con el Gobierno colombiano.
Por ahora hay muchas dudas y pocas respuestas. Los ciudadanos necesitan saber si podrán solicitar y renovar sus pasaportes con normalidad durante los próximos meses.
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