La Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) encendió las alarmas al denunciar un preocupante incremento de prácticas de fraude electoral y compra de votos en comunidades indígenas de cara a la segunda vuelta presidencial. Mediante un comunicado oficial, el Consejo Mayor de Gobierno de la Onic hizo un llamado contundente a las autoridades propias de los territorios para que actúen como guardianes de la democracia, vigilen el proceso y denuncien cualquier irregularidad que atente contra la voluntad popular de los pueblos originarios. La advertencia se da en un clima de máxima tensión política, mientras el Gobierno Nacional refuerza su dispositivo de seguridad y control para garantizar la transparencia de los comicios.
El pronunciamiento de la organización indígena no es casual y se inscribe en la preocupación por prácticas que, según advierten, rompen la armonía territorial y vulneran derechos políticos fundamentales, tipificados como delitos en los artículos 390 y 387 del Código Penal colombiano. La Onic recordó que las autoridades indígenas están plenamente facultadas por el artículo 246 de la Constitución Política y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para aplicar justicia propia. En este marco, pueden implementar medidas de retención transitoria contra quienes incurran en delitos electorales, con pleno respeto a los derechos fundamentales y bajo el principio de proporcionalidad, buscando salvaguardar el orden interno de sus comunidades.
Un llamado a la defensa del voto libre y la denuncia ciudadana
El Consejo Mayor de Gobierno de la Onic fue enfático en su comunicado al señalar la gravedad de estas acciones. “Cuando se afecta la libertad del voto, se afecta la existencia digna de los pueblos, se vulneran los mandatos del derecho propio, y se incumplen los artículos 2 y 40 de la Constitución”, afirmó la máxima autoridad indígena. La organización reiteró que la compra de votos y el constreñimiento al elector no solo son conductas sancionadas por la ley colombiana, sino que constituyen una traición a los valores ancestrales y una destrucción del tejido social comunitario. Por ello, instaron a las autoridades propias a aplicar su jurisdicción especial para detener estas prácticas que atentan contra la existencia digna de los pueblos.
«Cuando se afecta la libertad del voto, se afecta la existencia digna de los pueblos, se vulneran los mandatos del derecho propio, y se incumplen los artículos 2 y 40 de la Constitución»
Consejo Mayor de Gobierno, Onic
En paralelo, el Gobierno Nacional, a través del ministro del Interior, Pedro Sánchez, informó que se han reforzado las medidas de control y prevención de cara a la segunda vuelta presidencial. Como parte del Plan Democracia, se anunció un despliegue masivo de más de 408.000 efectivos de la Fuerza Pública, que contarán con capacidades terrestres, aéreas, marítimas y fluviales para cubrir todo el territorio nacional. Las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín han sido priorizadas, junto con otros territorios identificados por inteligencia, para garantizar la seguridad y la transparencia del proceso electoral.
Las autoridades también han puesto en marcha una serie de herramientas para incentivar la denuncia ciudadana. A través de la Línea Anticorrupción 157 ya se han recibido más de 700 denuncias, y se han incautado $3.878 millones que presuntamente iban destinados a influir en los comicios. Como parte de la estrategia, se ofrecen recompensas de hasta 50 millones de pesos por información sobre delitos electorales, que pueden alcanzar los 200 millones para prevenir atentados terroristas y hasta 1.000 millones para proteger a candidatos. La Onic y el Gobierno coinciden en que la defensa del voto libre es una responsabilidad compartida, y que las penas para quienes incurran en estos delitos pueden oscilar entre 1,3 y 9 años de prisión, según la gravedad de la falta.
