El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre el uso de mercenarios alertó sobre el preocupante aumento de reclutamientos predatorios de colombianos en conflictos armados internacionales, un fenómeno que coincide con la firma de la Ley 2569 por el presidente Gustavo Petro el 17 de marzo de 2026 en Bogotá, la cual ratifica el Convenio Internacional de 1989 para prohibir el reclutamiento, financiamiento y entrenamiento de mercenarios. Esta advertencia surge tras una visita reciente del grupo a ciudades como Bogotá, Cali y Medellín, donde se reunieron con funcionarios del gobierno, organismos de control, organizaciones civiles, agencias multilaterales y familias afectadas por la desaparición de sus seres queridos en destinos como la República Democrática del Congo, Rusia, Somalia, Sudán, Ucrania, Yemen, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, México, Brasil, Ecuador, Perú y Haití.
El incremento de estos reclutamientos se explica por incentivos económicos atractivos, con ofertas laborales en el exterior que oscilan entre 2.000 y 6.000 dólares mensuales, en contraste con las pensiones bajas de exmilitares y policías, que apenas alcanzan los 2.000.000 pesos mensuales, agravado por el legado de más de seis décadas de conflicto armado interno en Colombia y vacíos regulatorios que facilitan estas prácticas. Se estima que más de 10.000 colombianos, mayoritariamente exmilitares, policías y veteranos con unos 20 años de servicio, han sido reclutados en los últimos 11 años para operaciones militares y de seguridad en el extranjero, generando una demanda global por su experiencia.
Cifras que revelan una emergencia humanitaria
La situación ha derivado en una crisis humanitaria, con más de 600 familias buscando el paradero de sus familiares desaparecidos y al menos 300 de ellas acudiendo a organizaciones no gubernamentales en busca de asistencia, incluyendo la repatriación de cuerpos. La dificultad para distinguir entre voluntarios, contratistas legales o mercenarios radica en la falta de información precisa, lo que complica las acciones de control y protección.
“Alentamos a que se acelere el examen de la Ley 2569 por parte de la Corte Constitucional en consonancia con las obligaciones de Colombia en materia de derechos humanos”
Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas (documento preliminar)
Estas conclusiones preliminares del Grupo de Trabajo subrayan la necesidad urgente de fortalecer los marcos regulatorios en un país con una sociedad militarizada por décadas de violencia interna, donde la ratificación de la Ley 2569 representa un paso clave hacia la prohibición efectiva de estas actividades predatorias y la protección de los derechos humanos de los colombianos en el ámbito internacional.
