La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, a través de su representante Scott Campbell, presentó un informe alarmante que posiciona al país entre los más peligrosos del mundo para líderes sociales y defensores de derechos humanos. Entre 2022 y 2025, se documentaron 410 homicidios de estas personas en 28 departamentos y 184 municipios, con el 76 por ciento concentrados en Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Arauca y Putumayo. La entidad califica el modelo de protección estatal como insostenible, sobrecargado y con demoras superiores a seis meses, especialmente inadaptado a contextos rurales, en medio de una persistente violencia estructural y altos niveles de impunidad que azotan al país desde hace más de una década.
El informe detalla que el 73 por ciento de los homicidios, amenazas y ataques adicionales, que suman 2.018 casos, son perpetrados por grupos armados no estatales y organizaciones criminales, motivados por disputas territoriales ligadas al narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de personas en zonas críticas como el norte del Cauca, el Pacífico nariñense, Catatumbo, el Cañón del Micay, el Nordeste Antioqueño, Arauca y el Magdalena Medio. Municipios como Argelia, Toribío y Santander de Quilichao en Cauca, Tumaco en Nariño, Tibú en Norte de Santander, Tame en Arauca, y Medio y Bajo Putumayo figuran entre los más afectados, aunque la violencia también se extiende a contextos urbanos en ciudades como Cali, Medellín, Cúcuta, Bogotá, Barranquilla y Santa Marta.
Cifras que revelan una crisis profunda
De los 800 homicidios investigados, solo el 6,87 por ciento ha llegado a sentencia, evidenciando la impunidad rampante. Entre las víctimas se cuentan 137 miembros de Juntas de Acción Comunal, 105 defensores campesinos, 95 indígenas, y 49 mujeres, cuyos homicidios se duplicaron en el periodo analizado. Pueblos indígenas como los Nasa, con 44 asesinatos, y los Awá, con 10, han sido particularmente golpeados. Además, 34 personas asesinadas contaban con esquemas de protección o los habían solicitado, lo que subraya las fallas del sistema. Los ataques buscan debilitar procesos organizativos indígenas y campesinos, con un impacto diferenciado en mujeres, que enfrentan violencia de género y amenazas sexuales, y en la población LGBTIQ+, donde se registran homicidios de mujeres trans, hombres gays y personas no binarias a niveles elevados e inadmisibles.
“El informe aborda la situación de las personas defensoras de derechos humanos en Colombia y la vulneración de sus derechos entre 2022 y 2025. El objetivo es aportar a la comprensión de una problemática que afecta al país desde hace años: la persistente violencia y los asesinatos contra quienes defienden los derechos humanos”
Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU
“Colombia figura desde hace más de una década entre los países más peligrosos para la labor de defensa de derechos humanos en diversas comunidades. Las personas defensoras han sido objeto de graves afectaciones por su labor en la protección de derechos como la vida, la dignidad, un ambiente sano, el territorio, la tierra, la libertad de expresión, la seguridad y el derecho de la infancia a no ser reclutada por grupos armados no estatales”
Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU
Reducción de la presencia de la ONU y llamados urgentes
En paralelo, la ONU ha reducido cerca del 50 por ciento de su personal y cerró tres oficinas regionales en 2025, limitando su capacidad de monitoreo en siete departamentos. El informe urge fortalecer la articulación gubernamental para superar la impunidad y adaptar el modelo de protección. Campbell enfatizó que las defensoras de derechos LGBTIQ+, especialmente personas trans, enfrentan violencia extrema, y que la defensa de derechos no debería poner en riesgo la vida, un reclamo reiterado por años.
“Además, quienes defienden los derechos de la población LGBTIQ+, en especial las personas trans, enfrentan niveles elevados e inadmisibles de violencia. En Colombia, las personas defensoras de derechos humanos han manifestado durante años que la defensa de estos derechos no debe poner en riesgo su vida, y nuestro trabajo busca contribuir a que esta situación cambie”
Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU
Esta situación demanda una respuesta inmediata del Gobierno para salvaguardar a quienes velan por los derechos fundamentales en un país marcado por décadas de conflicto, según el informe de ONU Derechos Humanos.
