Desde Manizales, La Veintitrés Manizales informa que la Misión de Verificación de la ONU en Colombia recibió una prórroga de doce meses, pero el Consejo de Seguridad impide que supervise las sanciones restaurativas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ni el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz de 2016. La extensión fue acordada recientemente y se produce en un contexto en el que la ONU ha retirado funciones clave, debilitando la legitimidad de esas sanciones y exponiendo a exguerrilleros a posibles acciones de la Corte Penal Internacional (CPI).
Entre los protagonistas está Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático y precandidata presidencial, quien en una columna de opinión ha expuesto su postura y citó una carta dirigida al Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, pidiendo reconsiderar el respaldo que el Consejo de Seguridad de la ONU otorga al acuerdo de La Habana. Valencia advierte que la extensión no sólo mantiene la misión, sino que restringe su capacidad de supervisar las sanciones restaurativas de la JEP y el Capítulo Étnico, lo que podría socavar la justicia transicional que se ha construido en Colombia.
La prórroga contempla doce meses de continuidad de la Misión de Verificación, pero deja claro que la ONU no podrá vigilar las sanciones restaurativas de la JEP ni el Capítulo Étnico. En la práctica, las sanciones restaurativas de la JEP pueden durar hasta ocho años, incluyendo actividades comunitarias sin prisión, lo que contrasta con la expectativa de una supervisión integral y con la posibilidad de que la CPI reactive o amplíe su examen de casos relacionados con exguerrilleros.
Impacto político y alcance internacional
La decisión se interpreta como un mensaje de debilitamiento de la supervisión internacional en un momento en que la CPI mantiene observación sobre investigaciones y sanciones, y se advierte la posibilidad de juicios externos para exmiembros de las FARC. Se cuestiona el modelo de justicia transicional colombiano y la verdad que se ha revelado a través de la JEP, mientras los actores internacionales analizan el efecto de la retirada de funciones clave por parte de la ONU.
«Retirar la verificación de las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no es un mero ajuste técnico, es un veredicto político: se rompe la ilusión de que la ‘justicia restaurativa’ colombiana estaba acorde con el Estatuto de Roma» – Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático
La presencialidad de Valencia se ha hecho sentir también en su crítica a la manera en que se manejan las informaciones sobre las vinculaciones de las FARC con actores internacionales, así como con otros países. En su discurso público ha cuestionado la falta de transparencia respecto a posibles vínculos con organizaciones terroristas o con actores regionales y geopolíticos, y ha enfatizado la necesidad de avanzar en la verdad y en la rendición de cuentas para las víctimas. En este marco, la ONU se retira de funciones clave en un momento en que la CPI evalúa si Colombia garantiza investigaciones y sanciones efectivas, lo que, en su lectura, podría anticipar intervenciones correctivas o reactivación de procesos ante la corte. La nota de contexto recuerda que, respecto a las sanciones restaurativas, la prórroga no resuelve la necesidad de una supervisión robusta y de un marco claro que preserve la confianza de la ciudadanía en la justicia transicional.
