El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas renovó por un año el mandato de la Misión de Verificación en Colombia mediante la resolución 2798, pero dejó fuera la verificación del Capítulo Étnico y de la Jurisdicción Especial para la Paz, en lo que fue presentado como un alcance recortado. La votación terminó 13 votos a favor y 2 abstenciones, de Estados Unidos y Rusia, y el anuncio se realizó el 31 de octubre de 2025 desde Nueva York, señalando una extensión con funciones limitadas que priorizan otros componentes del acuerdo de paz vigente desde 2016. En la escena colombiana, la vicepresidenta Francia Márquez, el presidente Gustavo Petro y la embajadora ante la ONU, Leonor Zalabata, alzaron la voz para defender la integridad del acuerdo, mientras Washington presionaba para circunscribir la verificación y Moscú cuestionaba el orden de magnitud y costos de la misión.
La decisión llega en un momento de debate sobre la continuidad de la verificación de los componentes étnico y de justicia transicional, pilares fundamentales del Acuerdo de Paz de 2016 que contempla el Capítulo Étnico y la JEP, y que la Misión de Verificación supervisa para asegurar su cumplimiento. La extensión, aunque mantiene la vigilancia, incrementa la incertidumbre respecto a los derechos de pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos frente a agravios persistentes en territorios afectados por violencia de grupos armados ilegales y con urgencia de alivio humanitario. La Unidad de Restitución de Tierras expresó su profunda preocupación ante la exclusión del componente étnico, y Miembros del Consejo de Seguridad, incluidos Guyana, Panamá, Dinamarca y Rusia, manifestaron desacuerdo con la modificación; la delegación de Guyana señaló que “Nos decepciona” la ausencia de renovación total del mandato. En tanto, la embajadora de Colombia ante la ONU, Leonor Zalabata, subrayó que Colombia solicitó mantener la verificación del Capítulo Étnico y de la JEP, considerándolos esenciales para un modelo de justicia centrado en las víctimas.
La extensión llega con recorte y reacciones mixtas en la escena internacional
La resolución 2798 extiende por un año el mandato de la Misión de Verificación, pero reduce su campo de acción al excluir explícitamente el Capítulo Étnico y la JEP, y se sostiene en un argumento de racionalización de costos y reorientación de prioridades dentro del sistema de seguridad de la ONU. El anuncio se da en un contexto de negociación y presión internacional, donde Estados Unidos buscaba limitar la verificación a ámbitos no étnicos y no judiciales, mientras otros actores exigían un marco más amplio para garantizar la implementación integral del acuerdo de paz. En la respuesta colombiana, la obra política y humana de las víctimas y de la población étnica del país quedó en el centro de la discusión, con un ojo puesto en la necesidad de continuar avanzando en justicia, verdad y reparación.
«un retroceso significativo» – Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia
«Lamentamos profundamente la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de excluir la verificación a la implementación del Capítulo Étnico y las acciones de la Justicia Especial para la Paz (JEP). Esta decisión representa un retroceso significativo en el camino hacia la consolidación de una paz con justicia para los pueblos étnicos, más aún teniendo en cuenta que en sus territorios persiste la violencia de los grupos armados ilegales y se hace urgente proveer alivio humanitario» – Francia Márquez
«Nuestro compromiso sigue firme: como Estado y como gobierno no vamos a abandonar nuestra obligación de implementar el Capítulo Étnico para seguir construyendo senderos de paz» – Francia Márquez
«una demostración de racismo» – Gustavo Petro, presidente de Colombia
«una falta de compromiso con la verdad en Colombia.» – Gustavo Petro
«La integralidad del acuerdo de 2016 exige que su implementación sea coherente, equilibrada y coordinada, pues todos sus puntos contribuyen de manera conjunta a los objetivos de la paz» – Leonor Zalabata, embajadora de Colombia ante la ONU
«Nos decepciona que no haya sido posible renovar todos los aspectos del mandato. Un elemento clave faltante es el mandato de supervisar la aplicación del Capítulo Étnico» – Delegación de Guyana (Grupo A3+)
«se ha extendido más allá de su alcance original» – Mike Waltz, embajador de Estados Unidos ante la ONU
«insostenible financieramente» – Mike Waltz
«la Misión en Colombia es una de las más económicas del sistema ONU» – Vasily Nebenzya, embajador de Rusia ante la ONU
El contexto necesario para comprender el giro radica en que el Acuerdo de Paz de 2016 institucionalizó el Capítulo Étnico y la JEP como piezas claves, y la Misión de Verificación fue creada para supervisar y reportar avances en su implementación. Ahora, con el mandato recortado, persisten interrogantes sobre la continuidad de la verificación de derechos de los pueblos étnicos y de la justicia transicional, y sobre cómo afectará la cooperación internacional para la implementación del acuerdo en un entorno internacional marcado por tensiones entre potencias y por la necesidad de garantizar un camino hacia la paz con justicia para las víctimas.
La noticia genera un cruce de opiniones entre los actores colombianos y la comunidad internacional, y quedará en el centro de nuevas discusiones sobre el papel de la verificación de paz de la ONU en procesos de transición, la protección de derechos de comunidades vulnerables y la necesidad de alivio humanitario en territorios afectados. En Colombia, la atención se centra en vigilar que el recorte no Jonathan suprime derechos ni impida avanzar en la verdad, la reparación y la reconciliación, mientras se explorarán posibles mecanismos para asegurar un seguimiento complementario de los compromisos étnicos y de justicia transicional fuera de la verificación oficial de la ONU.
