La ONU, la OEA y la Defensoría del Pueblo rechazaron este 19 de marzo de 2026 el anuncio realizado un día antes por el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las FARC, bajo el mando de Iván Mordisco, que restringe el ingreso de sus misiones a los territorios que controlan políticamente y militarmente en regiones como Guaviare, Cauca, Valle del Cauca y Nariño. El EMC, a través de su cuenta en X @Pueblo_Dignidad, permitió únicamente el acceso al Comité Internacional de la Cruz Roja bajo condiciones estrictas, alegando graves violaciones a la confianza y a la neutralidad por parte de estos organismos. Sin embargo, la Misión de Verificación y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, la Mapp/OEA y la Defensoría del Pueblo, liderada por Iris Marín, afirmaron que continuarán sus labores pese al bloqueo.
El anuncio del EMC se da en un contexto de tensiones elevadas, tras la ruptura del proceso de diálogo con el Gobierno nacional por ataques contra civiles, incluyendo el asesinato de la lideresa indígena Carmelina Yule Paví en marzo de 2024. Estos territorios enfrentan confrontaciones entre facciones disidentes y disputas por economías ilegales, lo que hace aún más crítica la presencia de estos organismos para el monitoreo y la protección de la población civil. La Mapp/OEA, con 22 años de labor ininterrumpida en Colombia sin bloqueos previos, enfatizó que estas restricciones vulneran el acceso humanitario esencial en zonas apartadas.
Rechazo frontal y alertas sobre impactos humanitarios
Los organismos internacionales y nacionales respondieron de manera inmediata con comunicados oficiales y declaraciones en X, subrayando que las restricciones afectan principalmente a las comunidades más vulnerables. El Gobierno, por su parte, respaldó a estas entidades a través del ministro del Interior, Armando Benedetti, y convocó una reunión extraordinaria con representantes afectados y el viceministro Gabriel Rondón para abordar la situación. Además, el EMC acusó específicamente a la Defensoría del Pueblo de emitir alertas tempranas manipuladas, cargos que Iris Marín negó categóricamente, reafirmando la imparcialidad de la institución.
“vulnera el Derecho Internacional Humanitario”
Iris Marín, Defensora del Pueblo
“afectan principalmente a la población de las regiones más apartadas, para quienes la presencia y permanencia de organismos nacionales e internacionales resulta fundamental para la protección de todos sus derechos”
Voceros de Mapp/OEA
“Las restricciones afectan el trabajo de acompañamiento, monitoreo y protección que estas instituciones desarrollan en favor de la población civil”
Oficina de la ONU Derechos Humanos en Colombia
Estas medidas generan serios peligros para la población civil al limitar el monitoreo, la protección y las ayudas humanitarias en zonas de conflicto, donde la presencia de estos actores es vital para salvaguardar derechos fundamentales y prevenir abusos. La escalada de tensiones pone en jaque los esfuerzos por la paz total en Colombia, dejando en evidencia las fricciones crecientes entre el EMC y las instituciones encargadas de verificar el cumplimiento de acuerdos y derechos humanos.
