Cuatro relatores de Naciones Unidas expresaron preocupación por los recortes presupuestales y por dos proyectos de reforma que modificarían el funcionamiento y el alcance de las decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz
El pronunciamiento lo hicieron a través de una cartaenviada al presidente Abelardo de la Espriella revelada hoy por el diario El Espectador
Cuatro relatores de Naciones Unidas pidieron explicaciones al Gobierno colombiano sobre las medidas presupuestales y legislativas que podrían afectar el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), así como el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado en materia de justicia transicional.
La existencia y el contenido de la comunicación fueron revelados inicialmente por El Espectador, que tuvo acceso a la carta enviada al Gobierno. La misiva, fechada el 29 de septiembre de 2026 y de 11 páginas, está firmada por Bernard Duhaime, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; Grazyna Baranowska, presidenta y relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, y Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados.
Los expertos de Naciones Unidas centran sus observaciones en tres asuntos: el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 y el traslado de recursos de la JEP; una iniciativa que busca reducir el período de funcionamiento de la jurisdicción; y otra que plantea que las sentencias contra integrantes de la Fuerza Pública puedan ser revisadas por el Tribunal Superior Militar y Policial.
Preocupación por el presupuesto
Uno de los principales puntos de la comunicación está relacionado con el presupuesto de la JEP. Los relatores hacen referencia al traslado de $170.000 millones de los recursos de la jurisdicción hacia el funcionamiento de la Rama Judicial.
En este punto, Naciones Unidas cuestiona la forma como se han tomado las decisiones y señala preocupaciones por lo que considera falta de consulta y transparencia en torno a los recortes y su aplicación.
Según la carta, las decisiones presupuestales que afectan al poder judicial deben sustentarse en criterios objetivos y transparentes, teniendo en cuenta la carga de trabajo y las necesidades operativas de las instituciones involucradas.
Los relatores advierten además que una reducción de recursos podría afectar la capacidad de la JEP para cumplir sus obligaciones frente a las víctimas del conflicto armado, particularmente en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Dos reformas bajo la lupa
La ONU también se refiere a dos iniciativas de reforma constitucional que actualmente están en trámite en el Congreso.
Una de ellas, presentada por el senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional, plantea reducir a diez años el período de funcionamiento de la JEP, lo que llevaría su terminación a 2028.
La otra iniciativa, presentada por el Centro Democrático, contempla que las sentencias contra exintegrantes de la Fuerza Pública puedan ser sometidas a revisión por el Tribunal Superior Militar y Policial.
Sobre este último proyecto, los relatores consideran que las competencias de la jurisdicción militar son excepcionales y restrictivas y advierten que no deberían extenderse a casos relacionados con graves violaciones de los derechos humanos.
La comunicación señala que un mecanismo de revisión automática podría alterar el equilibrio institucional diseñado para el Sistema Integral para la Paz y generar tensiones con los estándares internacionales sobre independencia judicial.
Siete solicitudes al Gobierno
Al final de la comunicación, los relatores de Naciones Unidas formulan siete requerimientos de información al Gobierno.
Entre ellos solicitan conocer el estado de los proyectos que cursan en el Congreso, sus objetivos y los análisis realizados por el Ejecutivo sobre el eventual impacto de las modificaciones propuestas.
También piden explicar qué medidas adoptaría el Estado para garantizar que una eventual reducción presupuestal no impida a la JEP culminar sus investigaciones, procesos judiciales y sanciones.
Frente a la eventual revisión de sentencias por parte de la Justicia Penal Militar y Policial, Naciones Unidas solicita información sobre las garantías que se establecerían para proteger los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
Finalmente, los relatores solicitan al Gobierno explicar de qué manera Colombia garantizará el cumplimiento de sus obligaciones internacionales si avanzan las modificaciones propuestas al funcionamiento y financiación de la JEP.
La comunicación se produce en medio del debate nacional sobre el futuro de la justicia transicional y cuando el Congreso estudia el presupuesto para 2027 y las reformas relacionadas con la JEP.
Fuente: Diario El Espectador
