La Organización de las Naciones Unidas, a través de su Secretario General António Guterres, solicitó a los gobiernos de Gustavo Petro y Abelardo De la Espriella que garanticen una transición “fluida y cooperativa” con el objetivo de preservar los avances alcanzados en el marco del Acuerdo de Paz de 2016. La solicitud fue formalizada en un informe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, presentado ante el Consejo de Seguridad el 15 de julio de 2026, que cubre el periodo comprendido entre el 27 de marzo y el 26 de junio de ese mismo año. El representante especial Miroslav Jenča será el encargado de trabajar con las nuevas autoridades para conocer sus prioridades y dar continuidad al acompañamiento internacional.
El informe subraya que el cambio de gobierno ocurre en un “momento crítico” para el proceso de paz, especialmente porque el presidente electo Abelardo De la Espriella ha manifestado críticas a la estrategia de ‘Paz Total’ impulsada por el mandatario saliente y ha anunciado modificaciones en las políticas de seguridad y en las negociaciones con grupos armados. Guterres advirtió que “no hay lugar para la violencia política” e instó a los líderes de todas las partes a “desescalar la retórica confrontacional y mantener canales constructivos de diálogo”. La ONU considera que la cooperación institucional entre ambas administraciones es fundamental para proteger los logros del Acuerdo Final y sentar las bases para enfrentar los desafíos actuales.
Violencia persistente y cifras alarmantes
El informe de la Misión de Verificación revela que la seguridad en las zonas de conflicto “siguió siendo frágil” durante el periodo analizado, con olas de violencia registradas en el suroccidente del país durante abril y en el departamento de Guaviare en mayo. Las zonas más afectadas coinciden con aquellas donde la implementación del Acuerdo de Paz ha sido insuficiente. Desde la firma del pacto en 2016, un total de 493 excombatientes han sido asesinados, entre ellos 12 mujeres, 64 indígenas y 59 afrocolombianos. En lo que va de 2026, hasta la fecha del informe, se reportaron cinco homicidios de personas en proceso de reincorporación.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU denunció el asesinato de 33 líderes sociales entre el 27 de marzo y el 1 de junio de 2026. Durante el mismo periodo, 5.272 personas fueron desplazadas de manera forzada, mientras que 9.553 más permanecieron confinadas en siete departamentos del país. Además, cerca de 316.000 personas enfrentaron restricciones de movilidad y acceso a servicios básicos, especialmente en las regiones de Cauca y la Amazonía. La ONU destacó que persisten amenazas, extorsiones, desplazamientos y presiones de grupos armados contra los excombatientes, buscando su reincorporación forzada o su reclutamiento.
Avances en la implementación y desafíos pendientes
A pesar del complejo panorama de seguridad, el informe reconoce avances significativos en la implementación del Acuerdo de Paz, particularmente en la Reforma Rural Integral, que ha permitido avances en la formalización y entrega de tierras, aunque su aplicación sigue siendo desigual y la seguridad de los beneficiarios continúa siendo un factor determinante. La pobreza multidimensional rural se redujo del 38,66% en 2018 al 22,4% en 2025, y más de 11.000 personas se han beneficiado del proceso de reincorporación de excombatientes. La ONU subrayó que fortalecer las garantías de seguridad y las oportunidades económicas para quienes dejaron las armas es clave para evitar la estigmatización y nuevos reclutamientos.
“Una transición fluida y cooperativa entre los gobiernos contribuiría a preservar los avances que Colombia ha logrado en el marco del Acuerdo de Paz y a sentar las bases para hacer frente a los desafíos actuales”
António Guterres, Secretario General de la ONU
La Misión de Verificación de la ONU reiteró su compromiso de seguir acompañando al Estado colombiano en este proceso, mientras que Miroslav Jenča, representante especial, adelantará reuniones con las nuevas autoridades para conocer sus prioridades. El informe advierte que la violencia en las regiones donde el Acuerdo no se ha implementado con suficiente profundidad representa una amenaza directa para la paz sostenible, y que la cooperación entre el Gobierno saliente y el entrante será determinante para evitar retrocesos.
