En Nueva York, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el 31 de octubre una prórroga de un año para la Misión de Verificación en Colombia, con un mandato reducido que excluye la verificación de las sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz y del Capítulo Étnico. La resolución, promovida por el Reino Unido, obtuvo 13 votos a favor y 2 abstenciones, quedando Estados Unidos y Rusia fuera del escrutinio activo. En Colombia, Paloma Valencia, senadora y precandidata presidencial, celebró la decisión y agradeció a Estados Unidos, subrayando que la misión ya no podrá hacer seguimiento a las sanciones de la JEP contra las Farc, una lectura que encendió la esperanza de sus aliados y encendió la crítica de sus opositores sobre la justicia transicional.
Valencia detalló ante los medios y en el marco de su campaña que, gracias a Estados Unidos, la misión de verificación de la ONU en Colombia no podrá hacer seguimiento a las ridículas sanciones de la JEP contra las Farc; añadió que la JEP, para darle legitimidad a la payasada de sanciones que impusieron, autorizó el viaje de cuatro Magistrados a Nueva York para que hicieran lobby ante el Consejo de Seguridad. En otra arenga contundente, afirmó que cuando los países no sancionan y garantizan la impunidad, como hizo la JEP con las Farc, la CPI imparte justicia y asume la investigación contra los máximos criminales. Valencia no escatimó cifras para reforzar su argumento: ahora hay 22.000 hombres en armas, casi 300.000 hectáreas de coca y el 71% de los municipios están amenazados por grupos armados; sostuvo también que no hubo cárcel ni justicia, solo impunidad con curules gratis y 300.000 hectáreas de coca, y advirtió que las Farc pueden creer que se burlaron de los colombianos, pero todavía queda un largo camino en tribunales internacionales para que paguen todo el daño que causaron durante 60 años. En el marco de sus críticas, citó además el comentario del propio Michael Waltz, quien señaló que la misión “se había excedido de su alcance original” y dejó claro que, bajo el liderazgo del presidente [Donald] Trump, Estados Unidos ya no quiere ceder en su posición en materia de paz y seguridad en nombre de un proceso de paz deficiente; por su parte, Vasily Nebenzya afirmó que “todos sabemos que la de Colombia es una de las misiones más baratas”.
Ante la expectativa generada por la reducción del mandato, el contexto indica que la prórroga podría afectar la verificación misma y el control de sanciones, alimentando un debate sobre la posibilidad de intervención de la Corte Penal Internacional y tensiones entre mantener el apoyo a un proceso de paz frente a críticas sobre la justicia transicional. En la práctica, la noticia llega en medio de la precandidatura de Valencia, que ha lanzado críticas duras a la JEP y ha pedido abrir instancias internacionales para la justicia, lo que añade un cariz político a una medida de seguridad internacional que, según analistas, podría limitar la capacidad de las Naciones Unidas para monitorear sanciones y desarme mientras se priorizan aspectos de seguridad por encima de las sanciones transicionales.
Impacto y reacciones internacionales
Con la resolución aprobada por el Consejo de Seguridad por 13 votos a favor y 2 abstenciones (Estados Unidos y Rusia), la prórroga mantiene activos los esfuerzos de verificación, pero con un mandato reducido que excluye la verificación de las sanciones de la JEP y del Capítulo Étnico. En este marco, el hecho de que Estados Unidos y Rusia optaran por abstenerse subraya la polarización de las potencias respecto a la justicia transicional y la estrategia de paz en Colombia, mientras que el Reino Unido emerge como promotor clave de la resolución. La gira de los cuatro magistrados de la JEP a Nueva York para lobby ante el Consejo de Seguridad, que Valencia señala costó más de 30 millones de dólares, añade otra capa de polémica sobre costos y prioridades de la verificación en el marco de la presencia internacional en Colombia.
«Todos sabemos que la de Colombia es una de las misiones más baratas» — Vasily Nebenzya, Embajador de Rusia ante la ONU
En síntesis, la decisión de ampliar un año la Misión de Verificación, pero con un mandato recortado que evita rubricar sanciones y centro en desarme y seguridad, ha desatado una mezcla de apoyos y críticas. Mientras Valencia celebra una lectura que desatiende los llamados de la JEP y mira hacia una rendición de cuentas más internacional, la comunidad internacional reparte mensajes sobre la necesidad de mantener el foco en las necesidades de seguridad, justicia y verdad de las víctimas, sin perder de vista la discusión sobre la responsabilidad de los responsables de las violaciones cometidas durante más de seis décadas de conflicto.
