La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos alertó sobre el grave deterioro de los derechos humanos en Colombia durante el período de enero a noviembre de 2025, marcado por un alarmante aumento de homicidios contra líderes defensores de derechos humanos, con 198 denuncias registradas de las cuales 69 han sido verificadas, incluyendo 60 hombres, ocho mujeres y una persona de la comunidad LGBTIQ+. Este fenómeno se suma a 83 denuncias de masacres, 47 de ellas confirmadas con 156 víctimas, en un contexto de tensiones preelectorales que agravan la violencia en regiones como Cauca, Guaviare, Norte de Santander, Valle del Cauca y Sucre, particularmente en El Roble.
Entre los casos más destacados figura el asesinato de la lideresa campesina Darlis Arcia, perpetrado por sicarios en motocicleta, así como homicidios políticos que suman 18 víctimas y 126 ataques o amenazas adicionales. La organización Indepaz reporta 181 líderes asesinados en todo 2025, mientras que el 30% de los defensores verificados pertenecían a Juntas de Acción Comunal. Además, se han documentado siete casos verificados de violencia de género, 20 alegaciones de privación de la vida por parte de la fuerza pública —remitidas al Ministerio de Defensa y la Fiscalía— y un preocupante reclutamiento forzado de menores, con 474 casos confirmados entre 2022 y 2024, de los cuales 128 ocurrieron en 2025, incluyendo 44 indígenas y siete afrodescendientes, sobre un total de 788 denuncias y 658 verificadas en ese lapso.
Exhumaciones en Toribío revelan masacres olvidadas
En Toribío, Cauca, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin) y Medicina Legal confirmaron el 3 de diciembre la exhumación de restos correspondientes a la masacre de agosto de 2022, donde desaparecieron María Edilma Ul Baicue, Maicol y Yerson Coicue Ull. Este hallazgo se enmarca en una serie de masacres reportadas en departamentos como Antioquia, Huila, La Guajira, Norte de Santander, Valle del Cauca y hasta Bogotá, impulsadas por disputas territoriales entre grupos armados que buscan ampliar su control sobre comunidades indígenas, afro y campesinas en un año preelectoral cargado de agresiones políticas, como las sufridas por el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
La ONU ha emitido una serie de alertas sobre la violencia sistemática contra líderes comunitarios, defensores y figuras políticas en zonas de influencia armada, subrayando la necesidad urgente de que el Estado recupere su presencia territorial para contrarrestar estas dinámicas. Los informes de la Oficina del Alto Comisionado, Indepaz, Acin y Medicina Legal respaldan estas cifras, que pintan un panorama de crisis humanitaria en Colombia ante las elecciones venideras.
