El informe anual advierte que la violencia entre grupos armados ilegales y la Fuerza Pública provocó desplazamientos, confinamientos y graves afectaciones a comunidades étnicas.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó su informe anual sobre la situación de Colombia y alertó sobre el impacto persistente de la violencia armada en distintas regiones del país durante 2025.
De acuerdo con el documento, fueron recibidas 87 denuncias de presuntas masacres, de las cuales 53 fueron verificadas, con un saldo de 174 víctimas. En el 95 % de los casos confirmados, la responsabilidad fue atribuida a grupos armados ilegales y, en tres de cada cuatro hechos, los ataques estuvieron relacionados con disputas por el control del narcotráfico.
El informe señala que los enfrentamientos entre estructuras ilegales y la Fuerza Pública generaron desplazamientos masivos, confinamientos y restricciones a la movilidad de comunidades enteras, con afectaciones particulares a pueblos indígenas y población afrodescendiente.
El reclutamiento de menores continúa como uno de los principales motivos de preocupación. La Oficina verificó 150 casos durante el año, aunque advirtió que la cifra podría ser mayor debido al temor de las familias a denunciar. En zonas como el Atrato y el Urabá, el informe describe la imposición de normas por parte de actores armados, que limitan derechos fundamentales y presionan a las comunidades para vincularse a economías ilícitas.
La entidad también manifestó inquietud por la reducción de su capacidad operativa en el país. A raíz de la crisis de liquidez que enfrenta la ONU, su planta de personal en Colombia se redujo en un 50 %, lo que ha limitado el monitoreo y acompañamiento en al menos siete departamentos.
