En una operación conjunta desarrollada en los ríos Nechí y Cauca, en la subregión del Bajo Cauca antioqueño, la Armada de Colombia, el Ejército Nacional y la Policía Nacional destruyeron 25 Unidades Productoras Mineras (UPM) y diversa maquinaria utilizada para la extracción ilegal de minerales, causando pérdidas estimadas en más de 73.000 millones de pesos a las redes criminales que operan en la zona. La intervención se llevó a cabo en dos puntos estratégicos: el sector Amaserí del municipio El Bagre, sobre el río Nechí, y en jurisdicción de Cáceres, sobre el río Cauca.
Durante el despliegue militar conjunto, las autoridades inutilizaron dos retroexcavadoras, trece motores industriales y neutralizaron 3.000 galones de ACPM y 500 galones de gasolina que eran empleados para alimentar las dragas y la maquinaria pesada. El valor total de los equipos e insumos destruidos asciende a más de 73.000 millones de pesos, un golpe directo a las finanzas de los grupos armados organizados que se financian con esta actividad ilícita. La operación forma parte de una ofensiva sostenida contra las economías ilegales en Antioquia y busca frenar el grave daño ambiental que genera la minería sin control, especialmente la alteración de cuerpos de agua, suelos y cobertura vegetal por el uso de dragas que extraen y clasifican material del lecho de los ríos, así como la contaminación por el manejo inadecuado de combustibles y lubricantes.
Ofensiva contra economías ilícitas
Las autoridades no entregaron detalles sobre la organización criminal a la que pertenecían los equipos destruidos, pero reiteraron que estas acciones buscan cortar los recursos que alimentan a los grupos armados y proteger a las comunidades afectadas por la violencia y la degradación ambiental. En ese contexto, la Armada Nacional emitió un comunicado oficial en el que reafirma su compromiso con la región: “La Armada Nacional continuará desarrollando operaciones conjuntas y coordinadas contra las actividades ilícitas que afectan la seguridad, el medio ambiente y los recursos naturales, con el propósito de contribuir a la protección de las comunidades y del territorio nacional”.
La minería ilegal en el Bajo Cauca antioqueño es una de las principales fuentes de financiación de estructuras armadas y ha generado históricamente graves consecuencias ecológicas y sociales. Con operaciones como esta, las fuerzas militares y policiales buscan debilitar la capacidad operativa de las redes criminales y enviar un mensaje contundente sobre la determinación del Estado de no permitir la explotación ilícita de los recursos naturales en la región.
