La oposición política colombiana reaccionó con duras críticas y el anuncio de una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 1525 de 2026, expedido por el presidente Abelardo de la Espriella en vísperas de la jornada de movilizaciones convocada para el miércoles 14 de octubre. La norma modifica las reglas sobre el uso de la fuerza pública durante protestas y entraría en vigencia coincidiendo con las manifestaciones, lo que despertó el rechazo de sectores alternativos y de oposición, que la consideran un mecanismo para criminalizar la protesta social y restringir un derecho constitucional.
El decreto, presentado sin consulta previa amplia ni citación a la Mesa Nacional de Garantías, delega en los Puestos de Mando Unificado (PMU) la verificación del agotamiento del diálogo y habilita la intervención policial inmediata cuando exista un riesgo inminente, incluso en el marco de protestas pacíficas. La senadora Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, anunció que demandará la norma ante la Corte Constitucional, al tiempo que advirtió que el texto incorpora criterios como las afectaciones comerciales para justificar la disolución de las manifestaciones, lo que consideró regresivo e inconstitucional. La norma otorga además un plazo de tres meses para expedir una resolución que reglamente la coordinación entre los PMU y la Policía Nacional, un vacío operativo que, según los críticos, deja sin marco claro a los uniformados para la jornada de protestas.
Reacciones de la oposición y anuncio de demanda
El expresidente Gustavo Petro cuestionó la falta de publicidad previa del decreto y lanzó un mensaje directo al ministro del Interior, Rodrigo Lara, a quien señaló por su presunta negligencia jurídica. En su cuenta en redes sociales, Petro afirmó que no es válido un decreto sin publicidad previa y le pidió al funcionario dejar de perder tiempo y volver a estudiar derecho. La representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Ana Erazo, también manifestó su preocupación al preguntar si la fuerza pública saldrá mañana con un decreto que no conoce, en referencia a la entrada en vigencia de la norma el mismo día de las movilizaciones.
«No es válido un decreto sin publicidad previa. Señor Lara, deje de perder tiempo y vuelva a estudiar derecho»
Gustavo Petro, expresidente de la República
La senadora Jennifer Pedraza insistió en que la norma es regresiva e inconstitucional y recordó que la protesta es pacífica, pero también disruptiva, citando la sentencia C-742 de 2012 de la Corte Constitucional, según la cual el bloqueo de una vía no constituye por sí solo un delito. En la misma línea, la senadora Martha Peralta, del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), cuestionó si lo que se busca es callar la voz popular y enfatizó que la protesta es un derecho constitucional y no un permiso del presidente. La senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, declaró que la protesta social es un derecho y no un delito, y alertó además sobre la creación de un sistema de alertas de conflictividad que podría estigmatizar a las organizaciones sociales.
«La protesta es un derecho constitucional, no un permiso del presidente»
Martha Peralta, senadora del Movimiento Alternativo Indígena y Social
La exsenadora María José Pizarro también se pronunció sobre la premura con la que fue expedido el decreto y se preguntó si se actuó así para evitar cualquier medida cautelar, en alusión a la entrada en vigencia de la norma el mismo día de las movilizaciones. El contexto de la controversia se remonta al Decreto 003 de 2021, emitido tras una orden de la Corte Suprema de Justicia en respuesta a las críticas por la actuación policial durante las protestas de 2019. La oposición sostiene que el nuevo decreto vulnera el artículo 37 de la Constitución, que garantiza el derecho a reunirse y manifestarse públicamente, y recuerda que solo el Congreso puede limitar ese derecho mediante una ley estatutaria.
