En un movimiento que marca el cierre de la administración de Gustavo Petro, un grupo de representantes a la Cámara de la bancada de oposición presentó este miércoles 15 de julio un informe ante el Comité de Empalme del presidente electo Abelardo de la Espriella. El extenso documento, que recoge hallazgos de cuatro años de control político, denuncia una serie de presuntos actos de corrupción, irregularidades administrativas y deficiencias en la gestión pública que, según los congresistas, deben ser evaluados con urgencia por el equipo técnico entrante. La presentación se da cuando al mandatario saliente le restan apenas 23 días en el poder.
Los representantes Julio César Triana, de Cambio Radical, junto a Carolina Arbeláez, Andrés Forero, Hernán Cadavid, Jorge Méndez Hernández, Juan Espinal y Christian Garcés, han consolidado un texto que surge de debates de control político, derechos de petición, mesas técnicas, audiencias públicas y una exhaustiva revisión documental realizada desde el 7 de agosto de 2022, fecha en que Petro asumió la presidencia. En su intervención, Triana subrayó la gravedad de los hallazgos y el deber cumplido por la oposición. «Nuestro deber durante estos cuatro años fue ejercer un control político serio, técnico y permanente, siempre en defensa de los colombianos y de las instituciones. Hoy ponemos ese trabajo al servicio del empalme para contribuir al esclarecimiento de los hechos, la rendición de cuentas y el fortalecimiento institucional, porque creemos que Colombia merece un gobierno que haga las cosas mejor», afirmó el congresista.
Las cifras que alarman a la oposición
El informe, que abarca múltiples sectores como salud, seguridad, agricultura, educación y la estatal Ecopetrol, está respaldado por cifras contundentes. En materia de contratación, se identificaron 1.065 contratos y transferencias por un valor de 1,9 billones de pesos con organizaciones indígenas entre 2022 y marzo de 2026. A la par, se reportó un recorte presupuestal de 2,2 billones de pesos para el departamento de Antioquia en 2025. En el sector salud, los indicadores son críticos: la ejecución de proyectos apenas alcanzó el 4% del presupuesto anual en 2025, con un presupuesto de inversión de 1,93 billones de pesos, de los cuales solo se obligaron 64.208 millones a junio de ese año. Además, se evidenció un aumento del 80% en la contratación por prestación de servicios entre 2023 y 2024.
En el ámbito de la seguridad, se denunció que la Unidad Nacional de Protección entregó más de 36 esquemas de seguridad sin los estudios técnicos de riesgo correspondientes, un hecho que cobra relevancia tras el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay el 7 de junio de 2025, quien falleció dos meses después. La crisis humanitaria se refleja en el aumento del 126,7% en los casos de desnutrición aguda en menores de cinco años, pasando de 10.592 en 2020 a 24.017 en 2024, con 967 muertes asociadas en el mismo periodo. En materia migratoria, se registraron 18,5 millones de salidas del país entre 2021 y 2024, de las cuales el 24,2% fueron por residencia, mientras que Colombia asumió el costo de 44 vuelos chárter para deportados desde Estados Unidos.
Fallos en Paz Total y gestión de tierras
Uno de los puntos más críticos del informe es el programa Paz Total, que comprometió 956.000 millones de pesos en 2024 sin que se hayan registrado pagos efectivos, y sin avances verificables en las negociaciones con grupos armados como el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. En cuanto a la promesa de entrega de tierras, la Agencia Nacional de Tierras reconoció una amplia brecha entre las metas y la realidad: de 3 millones de hectáreas prometidas, solo 88.346 cuentan con registro definitivo, y se detectaron adjudicaciones en zonas protegidas sin las consultas previas necesarias.
La situación de Ecopetrol también fue objeto de escrutinio. Se documentaron 93.885 desplazamientos nacionales e internacionales entre 2022 y junio de 2025, con un costo acumulado de 164.047 millones de pesos. Los viajes internacionales, que representaron solo el 1,36% del total, concentraron el 31,56% del gasto. En publicidad, se ejecutaron 24.879 millones de pesos en un contrato con McCann Erickson Corporation S.A. a junio de 2025. En materia de seguridad aérea, se reportó una reducción del 64,6% en los recursos para el mantenimiento de la flota, lo que coincidió con la caída de cinco aeronaves de ala rotatoria entre marzo de 2023 y abril de 2024, dejando un saldo de 21 fallecidos.
Conectividad, ciberseguridad y otros hallazgos
El informe también reveló un retroceso en la conectividad digital en departamentos como Chocó, Nariño y Norte de Santander, mientras que el proyecto multicampus universitario de San Andrés, una promesa de campaña, quedó en solo un anuncio. Se identificaron atrasos en el pago de cesantías y deudas con universidades públicas. En ciberseguridad, la situación es alarmante: el 99% de las denuncias por hurtos informáticos entre 2023 y 2025 no avanzaron más allá de la etapa de indagación, y solo el 0,003% llegó a juicio o sentencia. Adicionalmente, se expusieron públicamente 32 GB de información reservada en servidores de la presidencia, un hecho que pone en duda la protección de datos sensibles del Estado.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar también fue señalado por una reducción en la cofinanciación que dejó sin cobertura a más de 2.300 menores en Bogotá en 2025. Finalmente, se denunciaron posibles irregularidades en contratos para soluciones solares en el sector de minas y energía. Los congresistas de oposición han dejado claro que este informe no es un punto final, sino un punto de partida para que la próxima administración de Abelardo de la Espriella inicie las investigaciones y correctivos necesarios, con la esperanza de que Colombia pueda encaminarse hacia un gobierno que, en palabras de Triana, «haga las cosas mejor».
