El representante a la Cámara Santiago Osorio, ponente del proyecto de ley de rescate económico en la Comisión Cuarta por el partido Alianza Verde, denunció que el Gobierno de Abelardo de la Espriella estaría aprovechando el anuncio del retiro del IVA a la canasta familiar para impulsar otros impuestos que, según su análisis, aumentarían la carga tributaria sobre la clase trabajadora. El pronunciamiento del congresista se difundió horas después de la alocución presidencial del domingo 15 de noviembre, en la que se informó la eliminación del gravamen a los alimentos, y se centra en cuestionar las disposiciones que, a su juicio, quedan intactas en el texto del proyecto.
Según Osorio, la propuesta gubernamental mantiene cambios en el sistema de cotizaciones a salud, en la renta corporativa y en la enajenación de activos estatales que perjudican a los ciudadanos de menores ingresos y benefician a los empresarios. “No es un regalo del señor Abelardo, lo derrotamos políticamente”, afirmó el representante, quien agregó que la eliminación del IVA a la canasta familiar fue posible gracias a la oposición en el Congreso y a las movilizaciones ciudadanas, y no a una concesión voluntaria del Ejecutivo. Osorio anticipó que, en su rol de ponente, presentará propuestas alternativas y dará “la pelea artículo por artículo” durante el debate legislativo.
Los impuestos que seguirían vigentes
Uno de los puntos más críticos señalados por el congresista es el incremento en las cotizaciones a salud para los empleados que ganan más de dos salarios mínimos. De aprobarse el proyecto, los aportes pasarían del 4% actual a tarifas escalonadas que iniciarían en 5% para ingresos entre dos y cuatro salarios mínimos, y llegarían hasta el 8% para quienes perciban entre 20 y 25 salarios mínimos. Además, la cotización para trabajadores independientes subiría del 12,5% al 15,5%. “Si usted gana cerca de 3.000.000 de pesos, usted va a pagar impuestos”, advirtió Osorio, quien complementó su advertencia citando un análisis del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana que indica que el proyecto implica “más renta, más impuesto al consumo y más aportes por parte de la clase trabajadora”.
En materia de impuesto a la renta para personas jurídicas, la propuesta contempla una reducción del 35% al 33% en 2027 y al 31% a partir de 2028, lo que beneficiaría principalmente a las grandes empresas. En contraste, la sobretasa para el sector financiero se fijaría en 38% en 2027 y en 36% entre 2028 y 2030, aplicable a entidades con renta gravable superior a 120.000 UVT. Asimismo, el umbral del impuesto al patrimonio se elevaría de 72.000 UVT, equivalentes a aproximadamente 3.770 millones de pesos, a 95.500 UVT, cerca de 5.000 millones de pesos, y se crearía un nuevo tramo del 9% para la renta líquida gravable de las personas que supere las 720 UVT, es decir, unos 37,7 millones de pesos anuales.
“La joya de la corona, Ecopetrol, ISA, empresas que son la joya de la corona del Estado colombiano, pues se la van a vender”
Santiago Osorio, representante a la Cámara
El riesgo de privatización y el hueco fiscal
Osorio también alertó sobre los artículos 11 a 15 del proyecto, que crean un programa de movilización, enajenación y optimización de activos del Estado a través de la Central de Inversiones S.A. (Cisa). El representante sostuvo que esta disposición podría abrir la puerta a la privatización de empresas como Ecopetrol e ISA, aunque el texto del proyecto no las menciona explícitamente y solo se refiere a bienes que las entidades no requieran para sus funciones. “La joya de la corona, Ecopetrol, ISA, empresas que son la joya de la corona del Estado colombiano, pues se la van a vender”, denunció.
Por su parte, Christian Quiñonez, exdirector de Fiscalización de la Dian, advirtió que la eliminación del IVA a la canasta familiar tendrá un impacto significativo en el recaudo proyectado, que se estima en unos 20 billones de pesos entre 2028 y 2030. “La propuesta del IVA de ley de rescate era técnicamente correcta, pero políticamente ya había nacido muerta”, señaló Quiñonez, quien añadió que “el hueco no va a aparecer en 2027, sino en 2028”. El exfuncionario también cuestionó el efecto real sobre los precios para el consumidor, afirmando que “en el mejor de los casos, el precio baja por lo menos un 1% y solo si el comercio traslada completa la rebaja”. El Gobierno deberá ahora explicar cómo reemplazará esos ingresos para cumplir con la regla fiscal y financiar la salud y el presupuesto nacional. El proyecto, radicado por el Ejecutivo el 29 de octubre, sigue su curso en el Congreso en medio de un fuerte debate político y social.








