Otty Patiño, comisionado de Paz del Gobierno de Colombia, reveló en una entrevista concedida a Blu Radio las razones por las que no se reactivó de inmediato la orden de captura contra Zarco Aldinever, cabecilla de la Segunda Marquetalia, tras el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en julio de 2025. El hecho ocurrió en el contexto de la finalización de la mesa de negociación con ese grupo armado a finales de 2024, cuando los beneficios jurídicos para sus miembros cesaron de facto, aunque la formalidad legal se demoró hasta que la resolución presidencial llegó a la Fiscalía el 9 de julio.
La suspensión de la calidad de negociadores impedía cualquier recaptura hasta la notificación formal, lo que generó un desfase entre la realidad operativa y la jurídica. Además, surgió incertidumbre interna en la organización armada debido a documentos recibidos por el Ejecutivo, firmados supuestamente por Iván Márquez, pero calificados como espurios. Fuentes indican que la conducción política podría estar en manos de Zarco Aldinever y John 40, lo que complicó aún más el panorama tras el crimen en Bogotá.
La brecha entre lo operativo y lo legal
Este retraso ha avivado cuestionamientos públicos sobre los mecanismos legales de los procesos de paz, especialmente al señalar directamente a Zarco Aldinever como responsable del asesinato de Uribe Turbay. Patiño enfatizó cómo la realidad operativa avanzó más rápido que los trámites burocráticos, dejando un vacío que impactó la respuesta inmediata del Estado colombiano ante el magnicidio.
«la realidad jurídica a veces va un poco atrás de la realidad real»
Otty Patiño, comisionado de Paz
La explicación de Patiño busca aclarar el entuerto en medio de la indignación nacional por el crimen político, recordando que el fin de la mesa de diálogo en 2024 implicó el cese práctico de privilegios, pero la rigurosidad legal protegió temporalmente a los cabecillas hasta la actualización formal de los expedientes en la Fiscalía.
