Desde Bogotá, para La Veintitrés Manizales, en el acto conmemorativo de los 40 años de la toma del Palacio de Justicia, celebrado el 4 de noviembre de 2025 (entre líneas), Otty Patiño, exintegrante del M-19 y actual consejero comisionado de Paz de Colombia, negó rotundamente cualquier relación entre el narcotráfico y la financiación de la operación que dejó cientos de muertos y al menos 11 desapariciones, calificando esas versiones como una infame mentira. Las declaraciones, recogidas en una entrevista con W Radio, subrayan que esa interpretación de la historia carece de sustento y que los hechos deben entenderse a partir de la memoria histórica y de crónicas que han analizado lo ocurrido en 1985.
«Es una infame mentira, que todavía está en carrera, es que este hecho fue promovido por el narcotráfico con el fin de quemar unos archivos que los comprometían a ellos. Y esa es una leyenda, esa narrativa es una historia falsa» — Otty Patiño, actual consejero comisionado de Paz de Colombia
El exmiembro del M-19 recordó que la orden de actuación fue dada por el comandante general Álvaro Fallad y que, tras la tragedia, todos se convirtieron en corresponsables. Añadió que sobre lo ocurrido en el interior del Palacio de Justicia se han escrito muchos textos históricos que aproximan lo que pasó y señalan la participación de las fuerzas militares en la retoma, además de resaltar el papel de la memoria y la responsabilidad compartida en un hecho que marcó a la justicia y a la población.
Asimismo, Patiño subrayó que la autocrítica del M-19 fue clave para empezar a mirar hacia la verdad y la memoria histórica, recordando que Carlos Pizarro propuso abrir ese debate para reconocer que, en ese hecho, “todos” perdieron, desde la justicia hasta la población civil, y que esa reflexión es necesaria para no repetir errores del pasado.
La memoria en disputa y la verdad histórica
La conmemoración ha reabierto debates sobre la investigación y la responsabilidad, en un marco de procesos que aún no concluyen y en los que se mencionan actores externos como el Cartel de Medellín y posibles financiaciones. En este marco, el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, ha insistido en que, aunque existen crónicas y estudios, siguen pendientes resultados concluyentes sobre la posible financiación o intervención del cartel en las amenazas de justicia del Consejo de Estado y en la autoría intelectual de la toma.
«Muchos interrogantes siguen sin respuesta. Jamás se adelantó o culminó investigación alguna contra los miembros del cartel de Medellín por las amenazas supremas de justicia del Consejo de Estado y por la presunta participación en la autoría intelectual y/o la financiación de la toma del Palacio de Justicia» — Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional
«Este grupo utilizó un amplio arsenal destructivo contra la población civil. Por lo tanto, y lo decimos sin ambages, de acuerdo con las investigaciones, el principal responsable de la toma del Palacio de Justicia fue el movimiento guerrillero M-19» — Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional
«Qué vergüenza el abandono en el que dejamos a esas personas que estaban dentro en el Palacio de Justicia los dejamos incinerándose» — Jorge Enrique Vallejo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura
Entre los factores que se citan como antecedentes relevantes figuran Álvaro Fallad, antiguo comandante general del M-19, citado por Patiño, y Carlos Pizarro, figura mencionada en la autocrítica. También se alude al Cartel de Medellín y a Pablo Escobar como posibles hipótesis de intervención o financiación, en un marco de debate que persiste en la memoria colectiva. Las imágenes utilizadas para la cobertura fueron proporcionadas por Colprensa y Carlos Ortega de EFEO, así como por la Corte Constitucional y José Sánchez Puentes de COLPRENSA.
En definitiva, la conmemoración de los 40 años de la toma del Palacio de Justicia deja claro que la memoria histórica sigue abierta a revisión y que la Comisión de la Verdad y otros organismos continúan analizando responsabilidades y lecciones para la justicia colombiana, con un balance que recuerda que el episodio dejó más de 100 fallecidos y al menos 11 desaparecidos, un saldo que condiciona las lecturas actuales de la historia del país.
