Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, radicó esta semana una queja disciplinaria ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en contra del abogado Miguel Ángel del Río, por presunto entrampamiento junto a Manuel Castañeda, conocido como “narcochofer”. La acusación se basa en denuncias de Ximena Bustamante, expareja y socia de Del Río, así como en señalamientos públicos que vinculan estas acciones al proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe.
Esta es la segunda queja disciplinaria presentada contra Del Río en la misma semana, y busca determinar si sus conductas configuran faltas a la ética profesional. La Comisión Nacional evaluará ambas quejas de manera simultánea para decidir posibles sanciones. Entre los involucrados destacan figuras como el senador y precandidato presidencial Iván Cepeda, el abogado defensor de Uribe Diego Cadena, y Wadith Velásquez, señalado como la mano derecha de Del Río.
Denuncias y contexto del caso
El caso se enmarca en graves señalamientos de un plan para vincular a personas con el narcotráfico en el marco del proceso contra Álvaro Uribe. Ximena Bustamante ha sido clave en las revelaciones, al igual que una denuncia penal interpuesta por Diego Cadena contra Del Río, Castañeda y Velásquez por delitos como falsa denuncia, falso testimonio, fraude procesal y concierto para delinquir. Además, el senador Iván Cepeda ha alertado sobre un posible complot para asociarlo con actividades de narcotráfico, mientras que otra investigación disciplinaria ya está abierta por la Seccional Bogotá contra Del Río por irregularidades en el proceso contra el exembajador Daniel Garcés.
“Miguel Ángel y Manuel Castañeda tenían planeado ser agentes provocadores del entrampamiento, inicialmente conmigo, y después repercutió en el proceso de Álvaro Uribe, debido a que ellos sabían que yo había ido a la oficina de Abelardo de la Espriella”
Ximena Bustamante, expareja y socia de Del Río
La Red de Veedurías de Colombia, liderada por Bustos, enfatiza la necesidad de esclarecer estos hechos para preservar la integridad del sistema judicial, en un contexto de crecientes tensiones políticas y judiciales alrededor del caso Uribe.
