Este reportaje para La Veintitrés Manizales reconstruye uno de los episodios más controvertidos de fin de la década de los ochenta en Colombia: la toma del Palacio de Justicia de Bogotá ocurrida el 6 de noviembre de 1985, un hecho que dejó una huella profunda en la memoria nacional. Según testimonio de Jhon Jairo Velásquez alias Popeye y con la verificación de la Comisión de la Verdad, Pablo Escobar Gaviria financió la operación con dos millones de dólares y suministró armas al Movimiento 19 de Abril, conocido como M-19, cuyo líder militar era Iván Marino Ospina. El plan incluía desviar la atención hacia el Senado, y había un plan B destinado a asesinatos y quema de expedientes, en un contexto de presión para frenar la extradición de colombianos a Estados Unidos, una presión que el entonces presidente Belisario Betancur enfrentaba en paralelo a la acción armada.
El saldo humano de la jornada fue brutal: más de un centenar de muertos durante la toma y la posterior retoma por parte del Ejército, junto con desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias documentadas en el proceso de recuperación. La cifra de los recursos entregados, dos millones de dólares, fue destinada a Iván Marino Ospina, figura central en la estructura militar del M-19, y el hecho ha generado un intenso flujo de versiones y contrversias que persiste hasta hoy. En el ámbito de la actualidad, el debate público ha visto a Gustavo Petro, entre otros actores, desmentir versiones oficiales; mientras, voces como Carlos Lehder han ofrecido visiones distintas sobre lo ocurrido, en medio de un marco en el que la Comisión de la Verdad señala responsabilidades del Estado por el uso excesivo de la fuerza y el caso no ha quedado cerrado en los tribunales.
Subtítulo
Desarrollo con información específica sobre las voces y las fuentes que han nutrido el debate público, así como el significado histórico del episodio para Colombia.
«El patrón les decía que no se metieran al Palacio, sino al Senado, porque el presidente Belisario Betancur sí iba a pelear por el Senado» – Jhon Jairo Velásquez alias Popeye
«El plan ‘B’ era matar la mayor cantidad de magistrados y quemar los expedientes, que fue el que se realizó porque ellos tenían un trabajo avanzado en la Corte, la tenían infiltrada» – Jhon Jairo Velásquez alias Popeye
«mentirosa» – Gustavo Petro
«invento» – Gustavo Petro
En síntesis, la Comisión de la Verdad (2009) confirmó que Escobar entregó dos millones de dólares a Iván Marino Ospina y que el M-19 recibió armas para la toma, aunque existen testimonios de exmiembros como José Otty Patiño que negaron vínculos directos con Escobar, atribuyendo a la organización del grupo problemas financieros y logísticos. Libros como el de Carlos Lehder sugieren que Escobar no financiara la operación, introduciendo discrepancias en la narrativa histórica. Ante este mosaico de versiones, la memoria pública sigue buscando verdad y claridad, mientras el país debate el alcance de la influencia de los actores criminales y el papel del Estado en aquellos hechos.
Las víctimas exigen verdad y reparación, y la narrativa oficial, si bien ha intentado delimitar responsabilidades, continúa siendo objeto de revisión y debate. La Comisión de la Verdad señala la responsabilidad del Estado por el exceso de la fuerza durante la operación de recuperación, y, a día de hoy, el caso permanece abierto en los tribunales, con la memoria histórica de la nación en juego y con la necesidad de esclarecer con rigor los vínculos entre financiación, armas y el curso de los acontecimientos ocurridos en aquel noviembre de 1985.
