En una votación que marca un revés contundente para la oposición, el Senado de la República hundió la proposición del Pacto Histórico que buscaba archivar el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027. La iniciativa, presentada por el gobierno de Abelardo de la Espriella, recibió 58 votos en contra y solo 28 a favor de la moción, lo que permite que el presupuesto, que asciende a 634,9 billones de pesos, continúe su trámite legislativo en medio de un intenso debate que se extendió por más de ocho horas.
La bancada de izquierda, liderada por la senadora Carolina Corcho e integrada por figuras como Wilson Arias, Isabel Zuleta, Aída Avella, Jorge Ocampo, Esmeralda Hernández y Alex Flórez, cuestionó el origen de los recursos y la distribución del gasto en la iniciativa. Su principal reparo radica en que 150 billones de pesos provienen de crédito externo, un endeudamiento que consideran lesivo para la economía nacional. Además, denunciaron recortes superiores a 170.000 millones de pesos para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), así como un aumento en los gastos de funcionamiento, lo que, a su juicio, desvirtúa el carácter social del presupuesto.
Choque de visiones frente al endeudamiento
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, salió al paso de las críticas y defendió con firmeza la necesidad del crédito externo para financiar el presupuesto. En su intervención, el funcionario explicó que esos recursos, al ser captados por el Estado, tienen un efecto directo sobre el sector productivo. «Esos son recursos que el Estado absorbe de la economía, se los retira al sector privado, al comercio, a la industria y a todas las actividades productivas para poderse financiar», afirmó el ministro, quien añadió que el impacto natural de ese proceso es «un aumento de la tasa de interés». Con estas declaraciones, el Gobierno intentó poner en contexto los costos del endeudamiento como un mecanismo necesario, aunque no exento de consecuencias.
«Esos son recursos que el Estado absorbe de la economía, se los retira al sector privado, al comercio, a la industria y a todas las actividades productivas para poderse financiar»
Miguel Gómez Martínez, Ministro de Hacienda
Por su parte, la senadora Carolina Corcho, una de las voceras más visibles de la oposición en esta materia, rechazó las alarmas sobre un supuesto descalabro fiscal y defendió los resultados económicos del actual gobierno. En su alocución, Corcho aseguró que el país no está al borde de un abismo fiscal y respaldó su afirmación con cifras: «Naturalmente, el impacto de ese proceso es un aumento de la tasa de interés», advirtió en contraste, aunque sus datos centrales apuntaron a un balance positivo: «crecimos un 2,6%, sacamos a 2,2 millones de personas de la pobreza y logramos la tasa de desempleo más baja del siglo». También señaló que el proyecto reduce el servicio de la deuda en 8,3 billones de pesos, un argumento que buscó contrarrestar las críticas sobre el manejo de las finanzas públicas.
«No estamos al borde de un abismo fiscal: crecimos un 2,6%, sacamos a 2,2 millones de personas de la pobreza y logramos la tasa de desempleo más baja del siglo»
Carolina Corcho, Senadora del Pacto Histórico
La JEP, en el centro de la controversia
Uno de los puntos más álgidos de la discusión giró en torno al presupuesto de la JEP. Mientras la oposición denunció un recorte superior a los 170.000 millones de pesos, el senador Juan Caicedo, del Centro Democrático, radicó una proposición que fue avalada por el ministro de Hacienda para recortar 11.402.272.009 pesos adicionales de esa misma partida, con el objetivo de destinarlos a las indemnizaciones de las familias de soldados asesinados en combate. La medida generó un fuerte malestar en la bancada de izquierda, que anunció su retiro del recinto y la constancia de su protesta ante lo que consideraron una discusión incompatible con mandatos constitucionales.
El ambiente en el Senado fue de alta tensión durante toda la jornada. El debate, que se prolongó por más de ocho horas, evidenció las profundas diferencias entre el Gobierno y la oposición en torno a la política fiscal y las prioridades del gasto. Mientras tanto, la Cámara de Representantes enfrentó sus propias dificultades: perdió quórum y reanudó sus deliberaciones a las 8:00 p.m., lo que añade presión al calendario legislativo. El Congreso tiene como plazo máximo la medianoche del 20 de octubre para aprobar el presupuesto general de 2027, incluida una posible conciliación entre ambas cámaras, un escenario que con este resultado en el Senado se acerca a su recta final con un respaldo mayoritario a la iniciativa gubernamental.
