Pacto Histórico no asistirá a posesión presidencial de Abelardo de la Espriella

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La bancada del Pacto Histórico en el Congreso de la República, conformada por congresistas y representaciones de comunidades afrodescendientes e indígenas, informó que no asistirá a la ceremonia de posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, programada para el próximo 7 de agosto. La decisión, comunicada mediante una carta formal fechada el 5 de agosto y dirigida a Honorio Henríquez, presidente del Senado, y a Nicolás Antonio Barguil, presidente de la Cámara de Representantes, se fundamenta en el ejercicio del derecho a la oposición y la desobediencia civil pacífica, como una manifestación no violenta contra el nuevo Gobierno, cuya legitimidad cuestionan.

En la misiva, los parlamentarios anunciaron que no harán uso de los servicios logísticos, de transporte, alojamiento o protocolo dispuestos para el acto, y renunciarán al pago del salario y las prestaciones correspondientes al 7 de agosto, con el fin de evitar cualquier gasto de recursos públicos por su inasistencia. La bancada aclaró que esta postura no desconoce la Constitución ni el orden democrático, sino que se inscribe en un marco de protesta pacífica respaldado por el artículo 112 de la Carta Magna, el Estatuto de la Oposición y la Ley 1909 de 2018.

Fundamentos jurídicos y constitucionales

La decisión también invoca los artículos 113, 114 y 133 de la Constitución, que establecen la separación de poderes, la autonomía del Congreso y el deber de representación, así como el artículo 93, referente al bloque de constitucionalidad. Como sustento internacional, la bancada cita la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Carta Democrática Interamericana, instrumentos que garantizan el derecho a la oposición política como pilar de la democracia. La no asistencia a la posesión, según los firmantes, es una expresión de su legítimo derecho a disentir de manera pacífica y civil, en un contexto de cuestionamientos sobre la legitimidad del nuevo Gobierno que asumirá el poder el próximo 7 de agosto en el Congreso de la República.

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