En una sesión marcada por la tensión política y el distanciamiento de una de las fuerzas que hasta hace poco formaba parte de la coalición de gobierno, el Congreso de la República aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2027 por un monto de 634,9 billones de pesos. La bancada del Pacto Histórico, compuesta por 44 congresistas, se retiró de la sesión en señal de protesta, denunciando que el trámite legislativo fue un «atropello» contra las regiones, la educación, el Sena, las víctimas del conflicto, los programas sociales y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La iniciativa, impulsada por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo hace apenas dos meses, contó con el respaldo de los 120 congresistas de la bancada oficialista.
La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, una de las voceras más críticas del Pacto Histórico, afirmó que su colectividad no se doblega ante el Ejecutivo. «El Pacto Histórico no se arrodilla a Abelardo de la Espriella. Defiende hasta el final los derechos del pueblo colombiano», declaró Carrascal, quien añadió que el Gobierno decidió «proteger a los bancos, a los oligopolios y a los más ricos de este país, en lugar del pueblo colombiano». La congresista también cuestionó la falta de quórum durante la discusión y señaló que el Ejecutivo debió buscar acuerdos con otros sectores para garantizar la aprobación, lo que evidenciaría la fragilidad de la gobernabilidad.
Protestas y propuestas ignoradas
Previo a la aprobación, el Pacto Histórico presentó más de 700 proposiciones y una propuesta alternativa de presupuesto, de menor costo, que según sus voceros preservaba la inversión social. Sin embargo, denunciaron que el Gobierno rechazó la iniciativa y los forzó a discutir el texto oficial en un solo día. El representante Alfredo Mondragón fue contundente: «La respuesta fue forzarnos a aprobar un pésimo presupuesto solo con un día para la discusión dizque rigurosa». Mondragón además aclaró que su bancada no negocia prebendas en diálogos privados, sino que exige debates en plenaria. «El Pacto Histórico no negocia prebendas en diálogos privados. Nosotros exigimos en plenaria», subrayó.
«El Pacto Histórico no se levantó de la sesión para dejar de luchar. Se levantó para no prestarse para una aprobación que consideramos lesiva para nuestro pueblo y sus regiones»
María del Mar Pizarro, militante del Pacto Histórico
La senadora Isabel Zuleta puso el foco en la exclusión de los subsidios de energía para el estrato 3, mientras se mantienen para los estratos 1 y 2. «¿Pretenden que estas familias asuman el costo de la crisis presupuestal?», se preguntó Zuleta, visiblemente indignada. Por su parte, la representante Laura Daniela Beltrán Palomares, conocida como ‘Lalis’, lanzó una de las críticas más duras: «Un país que le quita el dinero a los programas sociales y a la paz es un país que lo gobiernan miserables». La bancada defendió recursos para el Sena, la educación pública superior, los departamentos, las víctimas del conflicto y los asuntos de verdad, así como programas sociales en Antioquia y otras regiones que, según denuncian, sufrirán recortes.
Contexto de ruptura política
Este episodio marca un nuevo capítulo en la fractura entre el Pacto Histórico y el Gobierno de Abelardo de la Espriella. Hasta hace poco, el movimiento político hacía parte de la coalición gubernamental, pero el distanciamiento se ha profundizado durante el trámite presupuestal. La falta de tiempo para un debate riguroso, las denuncias de falta de quórum y las negociaciones paralelas del Ejecutivo con otros sectores han exacerbado las críticas. La bancada opositora de izquierda, con solo 44 congresistas frente a los 120 del oficialismo, optó por retirarse de la sesión para no legitimar un proceso que consideran antidemocrático y lesivo para los intereses del pueblo colombiano.
