Padres, madres y cuidadores de niños con discapacidad protagonizaron una intensa protesta el martes 9 de diciembre de 2025 en Bogotá, específicamente en la Avenida El Dorado frente a la Secretaría de Educación, en la intersección con carrera 66. La manifestación, que inició desde las ocho de la mañana y se extendió hasta la tarde, respondió al anuncio de la Alcaldía Mayor, liderada por Carlos Fernando Galán, y la Secretaría de Educación de eliminar 12 colegios especializados en atención educativa para estos menores, con el fin de trasladarlos a colegios regulares. Los manifestantes recurrieron a bloqueos intermitentes que generaron congestión vehicular masiva, desvíos en las rutas del SITP y el cierre temporal de estaciones, alterando significativamente la movilidad en la capital.
La decisión administrativa busca reducir los espacios educativos adaptados y revisar casos individuales para integrar a los niños en aulas convencionales, lo que ha desatado un rechazo unánime por parte de las familias, quienes denuncian la falta de diálogo e información clara. En Bogotá operan actualmente 42 colegios con aulas de apoyo, que atienden a 1.500 estudiantes con discapacidad, mientras que el modelo ha beneficiado a más de 6.000 menores en total, incluyendo 221 con discapacidad múltiple y cerca de 1.000 con Síndrome de Down. Además, cuenta con 123 docentes especializados, y entre 2021 y 2024 se invirtieron más de 51.000 millones de pesos en ayudas técnicas, con un presupuesto proyectado de cerca de 104.000 millones hasta 2028, aunque persisten sobrecostos de hasta el 695% en elementos como bastones y cuadernos de braille.
Voces de indignación desde las calles
Durante la protesta, las madres elevaron sus reclamos con testimonios desgarradores, destacando casos como el del Colegio Bolivia, donde se cerraron matrículas para grados específicos y jornadas, se realizó un traslado discrecional del rector y se amenaza con eliminar aulas de apoyo. Una madre participante expresó su frustración al afirmar que estos colegios ofrecen atención integral y no son segregadores, como los califica la Secretaría, y relató el cierre de matrículas que afecta directamente a su hija. Otra cuidadora denunció la ausencia de respuestas claras y reveló que una funcionaria de la entidad les dijo que trasladar a los niños a colegios regulares y recibir maltratos les forja el carácter para la vida real.
“Estamos aquí en protesta por los niños con discapacidad que están siendo atendidos en colegios, que están siendo tipificados como aulas de apoyo pedagógico. Son colegios que tienen una atención integral para cada niño con discapacidad. No son segregadores como lo ha querido poner la Secretaría de Educación. Y venimos a denunciar porque, desafortunadamente, cerraron matrículas para algunos grados, hicieron traslado discrecional del rector del Colegio Bolivia, al cual asiste mi hija”
Madre participante
“No nos han querido dar una respuesta clara con respecto a nuestra inconformidad como cuidadores y padres con la atención de nuestros hijos en aulas regulares. Las aulas regulares dicen que hay inclusión, pero es mentira. Los tratan mal, los excluyen, y adicionalmente, a una mamita la llamó la Secretaría de Educación diciendo que el maltrato que recibía el niño le forma carácter y que genera una educación para la vida real. Desafortunadamente, la Secretaría de Educación se quiere hacer la de los ojos ciegos, pero aquí estamos todos en pie de lucha”
Madre participante
La madre de Samuel, un niño de ocho años con discapacidad múltiple que cursa en el Colegio Bolivia, detalló la incertidumbre: su hijo deberá repetir primer grado, pero no hay matrículas disponibles ni para primero ni para quinto en ciertas jornadas, y exigieron una mesa de trabajo que hasta el momento solo ha recibido dilaciones. Voceros de los cuidadores resumieron el sentir colectivo al enfatizar que la educación inclusiva no implica invisibilizar diferencias, y que las aulas de apoyo representan dignidad, no segregación, por lo que cerrarlas sería un retroceso en derechos adquiridos.
“Soy mamá de un niño de ocho años, se llama Samuel, tiene discapacidad múltiple. Mi hijo cursa en el colegio Bolivia, colegio al que les están cerrando las aulas de apoyo. Él tiene que repetir primero el otro año y debido a que ya no tenemos matrículas, no se sabe qué va a pasar con nuestros hijos. La Secretaría de Educación no nos le quiere dar matrícula ni al curso primero ni al curso quinto de la jornada mañana. En la jornada tarde tenemos varios cursos que no tienen matrícula. Estamos acá pidiendo una mesa de trabajo. Llevamos desde las ocho de la mañana y esta es la hora y solamente nos dilatan, nos dan vueltas”
Madre de Samuel
“La educación inclusiva no se trata de invisibilizar las diferencias. Las aulas de apoyo son una herramienta de dignidad, no de segregación. Cerrarlas sería un retroceso en los derechos adquiridos de las personas con discapacidad”
Voceros de cuidadores
Contexto de alertas previas y problemas estructurales
Este conflicto no surge de la nada: en septiembre de 2025, el concejal Andrés Onzaga alertó en el Concejo de Bogotá sobre irregularidades en la contratación de dispositivos de asistencia personal, concentración en empresas como Tu Salud IPS, retrasos en convenios y materiales de mala calidad, junto a una posible reducción de espacios adaptados. La eliminación anunciada genera protestas inmediatas por el riesgo al derecho a una educación adaptada para cientos de niños, con traslados a entornos regulares que las familias ven como excluyentes y potencialmente maltratadores. La manifestación, reportada por fuentes como Colombia Oscura en X y la Secretaría de Integración Social, pone en jaque el modelo inclusivo y urge una respuesta institucional que priorice el diálogo con las familias afectadas.
