Un número creciente de empresas colombianas está optando por pagar la multa al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) antes que cumplir con la obligación de contratar aprendices, una tendencia que se ha acelerado tras la reforma laboral de 2025 y que ha reducido los contratos de formación juvenil mientras dispara el recaudo por monetización. Según datos del Sena, con corte al 30 de abril de 2026 ya se registraban 5.243 empresas que prefirieron pagar la cuota, y durante todo 2025 fueron 8.048 las que tomaron esa decisión, un incremento del 39% frente a las 5.796 de 2024. El recaudo por este concepto pasó de 263.430 millones de pesos en 2024 a 440.737 millones en 2025, un aumento del 67%, y solo en los primeros cuatro meses de 2026 ya se habían recaudado 296.031 millones de pesos.
La reforma laboral impulsada por el gobierno de Gustavo Petro transformó el contrato de aprendizaje en un vínculo laboral con mayores garantías sociales –salud, pensión, riesgos laborales y prestaciones– y elevó el apoyo económico durante las fases lectiva y práctica. Antes de la reforma, el aprendiz recibía el 50% del salario mínimo en fase lectiva y el 75% en fase práctica; ahora esos porcentajes subieron al 75% y al 100%, respectivamente. Este cambio elevó el costo mensual estimado de un aprendiz a 3,2 millones de pesos, según cálculos de la Asociación Colombiana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), mientras que la sanción por no contratar –que antes era de un salario mínimo mensual– subió a 1,5 salarios mínimos, aproximadamente 2,6 millones de pesos con el salario de 2026. La diferencia de costos genera un incentivo económico que lleva a las empresas a comparar y optar por la multa.
Cifras que reflejan la tendencia
La caída en los contratos de aprendizaje es evidente: en 2024 se registraron 392.411 contratos, mientras que en 2026 la cifra descendió a 379.436. Además, el porcentaje de empresas que mantienen aprendices vinculados se redujo drásticamente: en el segundo trimestre de 2025 era del 4%, y para el cuarto trimestre cayó al 2,4%. Entre las compañías que sí cumplen con la obligación, el 23% reporta tener entre uno y cuatro jóvenes vinculados, lo que revela una baja intensidad en la contratación de aprendices incluso entre quienes deciden no monetizar. La directora del Observatorio Nacional de la MiPyme de Acopi Atlántico, Rosmery Quintero, señaló que la disminución también responde a los requerimientos operativos de formar aprendices, como la necesidad de personal de supervisión, y que muchas mipymes prefieren contratar trabajadores con experiencia inmediata en lugar de asumir la formación de jóvenes sin trayectoria.
«El riesgo es que para una compañía, sin una necesidad real de formación, pagar la cuota se vuelva la opción limpia y previsible: un costo que se asume para no contratar»
Juliana Morad, directora del Departamento de Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana
Expertos advierten que la monetización se ha convertido en una alternativa administrativamente más sencilla para las empresas, que evitan la gestión de la relación laboral, la supervisión de los aprendices y las posibles fiscalizaciones. La obligación legal establece que las empresas con más de 15 trabajadores deben vincular un aprendiz por cada 20 empleados, pero si no pueden o no quieren hacerlo, tienen la opción de pagar la cuota de monetización. Con los nuevos costos, la balanza se inclina claramente hacia la multa, lo que contradice el objetivo central de la reforma: fomentar la inserción laboral juvenil. El fenómeno, que según los datos se profundizó en 2025 y continúa en 2026, plantea un desafío para el Sena y para el gobierno, que buscaba fortalecer la formación de los jóvenes colombianos como parte de la política de empleo y protección social.
