La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia denunció este intento del Gobierno nacional de acceder a 25 billones de pesos provenientes de fondos pensionales privados, mediante un traslado anticipado de estos recursos hacia Colpensiones, y anunció que activará acciones judiciales inmediatas ante la Corte Constitucional para frenar esta medida. La denuncia se basa en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, que se aplicaría pese a la suspensión judicial de la reforma pensional, con el objetivo aparente de convertir el ahorro de largo plazo de los trabajadores en liquidez inmediata para cubrir necesidades fiscales del Estado.
De estos 25 billones de pesos en discusión, 17,5 billones estarían invertidos en deuda pública, afectando potencialmente a 119.496 afiliados, de los cuales 18.507 ya cuentan con un derecho pensional consolidado. En el contexto general del sistema pensional colombiano, que maneja más de 526 billones de pesos en ahorros de unos 20 millones de afiliados, esta movida generaría serias distorsiones en los mercados financieros y las tasas de interés, según expertos, además de establecer un precedente peligroso para la arquitectura del sistema.
Reparos institucionales y contexto judicial
La iniciativa se da en medio de la suspensión de la reforma pensional por decisión judicial, con reparos contundentes de la Contraloría General, que la considera inviable; del Banco de la República, que advierte que no está autorizado y genera riesgos financieros; y de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones, que planea acudir al Consejo de Estado. El caso ya está en la Corte Constitucional, con ponencia a cargo de la magistrada Paola Andrea Meneses, quien analiza precisamente el artículo 76 y la denominada «ventana de traslado». Cabe destacar que la liquidación acelerada en 15 días no está contemplada en la normativa vigente, lo que agrava las irregularidades señaladas.
«No solo es ilegal, sino que abre la puerta a un uso indebido del ahorro de los trabajadores».
Paloma Valencia, senadora
Proyecciones de Anif estiman un faltante de 5 billones de pesos en 2026 y de 15,2 billones en 2030, lo que subraya la presión fiscal detrás de esta controvertida estrategia. La senadora Valencia enfatizó su determinación al afirmar que «cualquier decreto en ese sentido será demandado de inmediato», posicionando esta denuncia como un freno clave a lo que percibe como una amenaza directa al patrimonio de millones de colombianos.
«Cualquier decreto en ese sentido será demandado de inmediato».
Paloma Valencia, senadora
