La senadora Paloma Valencia Laserna, del Centro Democrático y candidata presidencial, presentó una demanda ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado contra el Decreto 234 expedido el 6 de marzo por el Ministerio del Trabajo, liderado por Antonio Sanguino Páez, con el fin de lograr su suspensión provisional y declarar su nulidad por vicios de constitucionalidad. La acción judicial cuestiona aspectos como la obligatoriedad de la negociación sindical sectorial para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), la entrega de información financiera a sindicatos y el cobro a trabajadores no sindicalizados previsto en el artículo 2.2.2.7.9. En respuesta, el presidente Gustavo Petro utilizó su cuenta en la red social X para acusar a la congresista de buscar mantener a los trabajadores como esclavos.
Valencia argumenta en su demanda que el decreto vulnera la Constitución Política de 1991 y excede la potestad reglamentaria del Ejecutivo, al regular la negociación sindical sectorial sin la aprobación del Congreso, un asunto reservado a la legislatura. Mientras el Gobierno nacional sostiene que la medida se enmarca en artículos del Código Sustantivo del Trabajo y convenios ratificados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la senadora responsabiliza al Ejecutivo de sobrepasar sus facultades reglamentarias, lo que podría derivar en una revisión de constitucionalidad por parte del Consejo de Estado y una eventual suspensión provisional de la norma.
La dura respuesta del presidente Petro
“Ha demandado la reforma laboral, la pensional, ayudó a detener la reforma a la salud, ahora no quiere sindicatos fuertes. Deberían decir la verdad: quieren ver a la gente que trabaja como esclavos de sus haciendas (sic)”
Gustavo Petro, presidente de la República
El intercambio público entre la senadora y el mandatario pone de manifiesto las tensiones políticas en torno a las reformas laborales impulsadas por el Gobierno, donde el Decreto 234 busca fortalecer la negociación colectiva sectorial. La demanda de Valencia podría frenar temporalmente su implementación, mientras el tribunal evalúa si la norma invade competencias legislativas, en un contexto de polarización que incluye críticas previas de la opositora a otras iniciativas como las reformas laboral, pensional y de salud.
“Mientras el Gobierno argumenta que actúa en el marco de artículos del Código Sustantivo del Trabajo y convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que Colombia ha ratificado, La medida excede el alcance de la potestad reglamentaria y regula asuntos reservados al Congreso”
Paloma Valencia Laserna, senadora (en su demanda)
Este nuevo frente judicial se suma a los debates sobre el equilibrio entre derechos laborales y atribuciones del poder Ejecutivo, con implicaciones para miles de trabajadores y empresas en Colombia, donde el Consejo de Estado será clave para determinar el futuro del decreto.
