La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, denunció que el Gobierno de Gustavo Petro ha revivido la figura de la extinción de dominio express a través de decretos de emergencia económica, permitiendo a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) quitar tierras sin intervención judicial ni indemnización en departamentos afectados por inundaciones como Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. Esta medida elimina la fase judicial en procesos de clarificación, deslinde, recuperación de baldíos y extinción de dominio, tras la anulación de la figura por la Corte Constitucional en 2024, y se justifica en la crisis por lluvias, insuficiencia presupuestal y saturación de la partida de contingencia.
Según Valencia, los decretos habilitan una acción administrativa directa de la ANT con un plazo máximo de 15 días, agilizando procesos que normalmente duran meses para determinar la viabilidad técnica de los predios, lo que abre un boquete para la corrupción. En este contexto, la ANT también puede comprar tierras sin los procedimientos técnicos habituales, incluyendo comisiones del 10% en compras vía contratos de mandato. Además, la senadora cuestionó contratos denunciados entre Colpensiones y RTVC por un total de 60.111 millones de pesos, destacando irregularidades como adjudicaciones directas y adiciones que superan los valores iniciales.
Irregularidades en contratos públicos
Entre los contratos señalados por Valencia figura uno adjudicado directamente el 15 de diciembre de 2023 por 13.804 millones de pesos, con adiciones de 6.000 millones el 25 de junio de 2024, 11.252 millones el 23 de diciembre de 2024 y 6.300 millones el 29 de agosto de 2025, todos destinados a campañas de mercadeo, estrategia comercial y publicidad. Otro contrato, firmado el 16 de julio de 2024 por 9.795 millones, recibió adiciones que elevaron su valor más del 100% inicial, extendiéndose hasta el 31 de diciembre de 2025. Valencia argumentó que Colpensiones no tenía necesidad de ejecutar un contrato de publicidad por más de un año, amarrando recursos de 2023 y 2024 en vigencias futuras, lo que violaría el principio de anualidad.
“En menos de 15 días la ANT podrá quitarle la tierra a la gente sin pagar indemnización y sin que un juez intervenga”
Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático
La legisladora alertó que esta medida rompe acuerdos previos en la discusión de jurisdicción agraria, donde se había pactado mantener la fase judicial. Aunque los propietarios afectados pueden demandar, los trámites toman años, dejando los predios ocupables por terceros durante ese tiempo. Valencia anunció que solicitará a la Corte Constitucional una revisión de estos decretos, enfatizando el riesgo para la propiedad rural en las regiones mencionadas.
“Están rompiendo los acuerdos. Esto pone en riesgo la propiedad rural en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó”
Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático
“En un solo acto realizarán un proceso que normalmente dura meses para determinar la viabilidad técnica del predio. Esto es un boquete para todo tipo de corrupción”
Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático
Esta denuncia se enmarca en un contexto de tensiones por la gestión de tierras baldías y emergencias climáticas, donde el Gobierno busca agilizar respuestas, pero opositores como Valencia ven amenazas a derechos fundamentales y oportunidades para irregularidades en la contratación pública.
