La senadora Paloma Valencia, precandidata presidencial por el Centro Democrático, denunció en su cuenta de X un proyecto de ley radicado por el Pacto Histórico, liderado por Iván Cepeda, que permitiría al Estado cancelar contratos empresariales en sectores estratégicos como concesiones mineras, licencias ambientales y contratos de exploración o explotación de recursos naturales, basándose únicamente en indicios fundados y no en pruebas judiciales firmes.
En su publicación, Valencia alertó que esta iniciativa acabaría con las empresas y la inversión extranjera en Colombia, al otorgar a cualquier persona con interés directo la posibilidad de solicitar tales cancelaciones, además de sanciones por violaciones a los derechos humanos, un concepto que describió como vago e indeterminado, propenso a arbitrariedades.
Mecanismos de cancelación y sanciones drásticas
De acuerdo con la senadora, con base en denuncias de comunidades o defensores de derechos humanos, entidades como la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia de Industria y Comercio podrían iniciar procesos para cancelar contratos, suspender o cancelar la personería jurídica de las empresas, e incluso inhabilitarlas para contratar con el Estado por un período de diez años, afectando a dueños de empresas y multinacionales por igual.
«El Pacto Histórico, liderado por Iván Cepeda, radicó un proyecto de ley que acabaría con las empresas y la inversión extranjera en Colombia».
Paloma Valencia, senadora
«Quieren que el Estado tenga la posibilidad de cancelar contratos de concesión minera, licencias ambientales y contratos de exploración o explotación de recursos naturales con base en ‘indicios fundados’ y no con pruebas y decisiones judiciales en firme. Cualquier persona con ‘interés directo’ podrá solicitar estas acciones».
Paloma Valencia, senadora
Valencia calificó el proyecto, firmado por Cepeda y promovido por el Pacto Histórico, como un adelanto de lo que le esperaría al país si la izquierda continúa en el poder, en medio de la creciente controversia por el sector empresarial e inversión extranjera rumbo a las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia.
«Además, pretenden sancionar a los dueños de las empresas y a las multinacionales por ‘violaciones a los derechos humanos’, un concepto vago e indeterminado que se presta para todo tipo de arbitrariedades».
Paloma Valencia, senadora
Esta denuncia se enmarca en el contexto político actual, donde surgen interrogantes sobre la estabilidad de los contratos en sectores clave y el impacto en la confianza de los inversionistas, según información de Colprensa y la cuenta @PalomaValenciaL en X.
