La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, anunció que presentará una denuncia ante instancias internacionales contra la Fiscalía General de la Nación por la suspensión de órdenes de captura contra 23 cabecillas de bandas criminales en Medellín y el Valle de Aburrá. Esta medida, adoptada recientemente como parte de un proceso de diálogo sociojurídico iniciado en junio de 2023 en la cárcel La Paz de Itagüí, beneficia inicialmente por seis meses a estos líderes, período que podría prorrrogarse, y ya ha permitido la libertad de al menos siete de ellos.
El anuncio de Valencia se realizó mediante un video publicado en la red social X, en medio de un contexto marcado por el aumento de la violencia, el terrorismo, los secuestros y los asesinatos en el país. La resolución de la Fiscalía se basa en los avances reportados en las negociaciones con estructuras criminales urbanas, que incluyen una reducción de homicidios en el Valle de Aburrá reconocida por los propios cabecillas. Sin embargo, la senadora cuestiona esta decisión, destacando la renuncia de uno de los beneficiados, Freyner Alfonso Ramírez García, conocido como Carlos Pesebre, ocurrida el 9 de febrero.
Los cabecillas beneficiados
Entre los líderes favorecidos por la suspensión figuran figuras como Albert Antonio Henao Acevedo, alias Alber; Andrés D’maría Oliveros Correa, conocido como Mundo Malo; José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas; Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom; Sebastián Murillo Echeverri, alias Lindolfo; Gustavo Adolfo Pérez Peña, el Montañero; Jhon Fredy Yepes Hoyos, Clemente; Mauricio de Jesús Morales Múnera, el Abogado; Fredy Alexánder Henao Arias, Naranjo; Rodrigo Henao Acevedo, Perica; Juan Fernando Álvarez, Juan 23; Walter Alonso Román Jiménez, el Tigre; Iván Darío Suárez Muñoz, Iván el Barbado; Jesús David Hernández Grisales, Chaparro, y Juan Camilo Rendón Castro, Saya. Algunos de estos cabecillas se encuentran fuera del país, aunque no se han precisado los alcances de su participación en el diálogo ni las condiciones específicas impuestas.
“El gobierno insiste en liberar criminales a pesar de que todos los colombianos hoy estamos sufriendo un aumento de la violencia, del terrorismo, del secuestro, de los asesinatos”.
Paloma Valencia, senadora y candidata presidencial
Acusaciones de complicidad electoral
Valencia vinculó esta suspensión con motivaciones políticas, señalando que el 54 por ciento de los votos obtenidos por el Pacto Histórico provinieron de 126 municipios identificados por la Misión de Observación Electoral (MOE) como de alto riesgo electoral debido a la presencia de grupos ilegales. En este sentido, la senadora alertó sobre un posible intento de influir en Antioquia para las próximas elecciones, recordando antecedentes de incidencia de grupos armados en procesos electorales pasados.
“El gobierno insiste en darle contentillo a toda la criminalidad, ahora en Antioquia, a la que odian, seguramente para poder tener una acción”.
Paloma Valencia, senadora y candidata presidencial
“Porque aquí no podemos olvidar que el 54% de los votos que sacó el Pacto Histórico lo sacaron en 126 municipios donde están los grupos ilegales, municipios sobre los que la MOE había advertido que tenían un riesgo electoral por la presencia de los violentos”.
Paloma Valencia, senadora y candidata presidencial
La denuncia internacional prometida por Valencia busca resaltar lo que ella califica como complicidad del gobierno con la criminalidad. “Ahora quieren tomarse Antioquia con los violentos también para ganar las elecciones. Denunciaremos ante las instancias internacionales. El gobierno se está haciendo cómplice de la criminalidad en Colombia”, afirmó. “Denunciaremos ante instancias internacionales: el gobierno se está haciendo cómplice de la criminalidad para buscar ganar las elecciones”, concluyó la senadora, en un llamado que genera controversia en el debate nacional sobre seguridad y procesos de paz con estructuras criminales.
