La exsenadora Paloma Valencia, excandidata presidencial del Centro Democrático y firme opositora del gobierno de Gustavo Petro, solicitó a la Fiscalía, la Procuraduría y la Corte Suprema que investiguen al expresidente por las denuncias presentadas por Deicy Jiménez, quien lo acusó de entregar contratos estatales a cambio de favores sexuales. A través de mensajes publicados en su perfil de la red social X, Valencia afirmó que “el delito está probado” y pidió a los organismos de control que avancen en las actuaciones abiertas contra el exmandatario, basándose en los contratos que Jiménez habría obtenido, un video difundido por ella y un supuesto chat entre Petro y la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Rodríguez.
Las declaraciones de Valencia se produjeron tras la difusión del video la noche del miércoles 4 de noviembre, en el que aparecen Petro y Jiménez, así como la divulgación de una conversación por la aplicación Line fechada el 12 de diciembre de 2025, atribuida al entonces presidente y a Rodríguez, en la que él solicita mantener un contrato para Jiménez. Según la información difundida por Valencia, Deicy Jiménez habría tenido contratos en varias entidades del Estado, entre ellas el Senado, el Ministerio del Interior, la Superintendencia de Vigilancia y el Dapre. La exsenadora mencionó que uno de esos contratos, vigente con el Ministerio del Interior, asciende a once millones de pesos, y que el veintitrés de enero de 2026 se firmó otro por treinta millones. Además, señaló que en el Dapre se habrían encontrado “decenas de contratos” de mujeres vinculadas mediante prestación de servicios con el propósito de mantener cercanía íntima con el entonces presidente.
“Cosificación, abuso y corrupción”
En sus mensajes, Valencia fue contundente al calificar los hechos como “cosificación, abuso y corrupción”, y advirtió que no se trata de la vida privada de nadie, sino del uso del poder público y del dinero de los colombianos para reducir a mujeres jóvenes a objetos de placer a cambio de contratos del Estado.
“El delito de Gustavo Petro está probado. El actual director del Dapre ha denunciado que decenas de mujeres fueron vinculadas mediante contratos de prestación de servicios con el fin de mantener cercanía íntima con el entonces presidente Petro”.
Paloma Valencia, exsenadora
“No se trata de la vida privada de nadie. Se trata del uso del poder público y del dinero de los colombianos para reducir a mujeres jóvenes a objetos de placer a cambio de contratos del Estado”.
Paloma Valencia, exsenadora
“Usar el poder y la plata de los colombianos para convertir a mujeres jóvenes en objetos de placer a cambio de contratos no es vida privada: es cosificación, abuso y corrupción”.
Paloma Valencia, exsenadora
“Las denuncias de Deicy Jiménez y el hallazgo de decenas de contratos en el Dapre exigen respuesta judicial inmediata y transparente. La dignidad de las mujeres y la integridad de la República no se negocian”.
Paloma Valencia, exsenadora
Por su parte, el expresidente Gustavo Petro rechazó las acusaciones y sostuvo que el video difundido no ha sido revisado por un perito ni valorado por un juez. En un mensaje, afirmó: “Nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie. Las mujeres que trabajaron en mi gobierno llegaron por su capacidad y su esfuerzo”. Además, en el supuesto chat atribuido a Petro, fechado el 12 de diciembre de 2025, se lee: “Esta persona necesita que la mantengan allí en el contrato de Mininterior”, a lo que Angie Rodríguez habría respondido “Perfecto señor presidente”.
Deicy Jiménez, quien se ha identificado como extrabajadora sexual y excontratista, denunció que Petro le habría otorgado contratos en varias entidades a cambio de favores sexuales, y ha compartido en Instagram postales suyas en la Casa de Nariño. La exsenadora Paloma Valencia, cercana al expresidente Álvaro Uribe, insistió en que los hechos constituyen un uso indebido del poder y de los recursos públicos, y pidió una investigación inmediata y transparente. “La dignidad de las mujeres y la integridad de la República no se negocian”, concluyó.
